Suscribete a
ABC Premium

La Organización Europea de Consumidores denuncia a Ryanair, Vueling y otras 'low cost' por cobrar el equipaje de mano

Pablo Bustinduy, el principal ariete contra las políticas de maleta de mano de las aerolíneas de tarifas más bajas, ha anunciado nuevas multas contra Transavia y Wizzair

Ryanair obligará a los trabajadores no afiliados a CC.OO. a devolver miles de euros a partir de junio y les bajará el sueldo

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy EFE
Adrián Peñacoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La disputa entre las aerolíneas 'low cost' y sus usuarios por el cobro del equipaje de mano está escalando sus proporciones alentada por el Gobierno de España. La multa de 179 millones de euros que en 2024 el Ministerio de Consumo impuso a cinco de estas compañías marcó un precedente sobre el que ahora se basa la organización de Consumidores Europeos (BEUC) para elevar a la Comisión Europea una denuncia contra Easyjet, Norwegian Airlines, Ryanair, Transavia, Wizzair y las españolas Vueling y Volotea.

Este organismo (BEUC, por sus siglas en francés) ha denunciado a siete aerolíneas 'low cost' en representación de organizaciones de Consumo de 16 países –entre ellas, OCU, CECU y Asufin– ante la Comisión Europea y la red europea de consumidores (Red CEC), según ha anunciado este miércoles, además de reclamar una investigación en la UE de las prácticas del sector.

Menciona un comunicado publicado en su web que la acción se basa precisamente en la reclamación de la OCU que acabó en multas del Ministerio de Consumo español –dirigido por Pablo Bustinduy, del ala del Gobierno que corresponde a Sumar– de hasta 179 millones de euros, a Ryanair, Volotea, Easyjet, Vueling y Norwegian.

En conjunto a esta noticia, desde la sede de BEUC en Bruselas, Bustinduy ha protagonizado una rueda de prensa en la que ha anunciado nuevas multas para las dos aerolíneas que escaparon de la represalia de noviembre de 2024 y que también serán denunciadas por la organización de consumidores: Transavia y Wizzair. Se forma así un frente común entre el Gobierno español y los consumidores europeos, capitaneado por el ministro español, para resolver una disputa que encuentra diferentes interpretaciones en los tribunales.

Sin regulación específica

El modelo de gratituidad del equipaje de mano no está regulado de manera específica en ninguna ley europea, sino que se basa en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que falló en 2014 que la bolsa de viaje de mano «no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones». También meniona que los Gobiernos de los países no podían establecer límites a los precios de los billetes.

Esta sentencia no establece un criterio específico sobre algunas cuestiones, como el tamaño del bulto de viaje, y ha acabado generado dudas en ambas partes implicadas en el conflicto. De un lado, las aerolíneas y sus asociaciones defienden su libertad para fijar los precios de los billetes y de sus sobrecostes por el equipaje. Del otro, los consumidores y sus organizaciones se sienten perjudicados por las políticas de las areolíneas que establecen límites respecto a la gratuidad del equipaje de mano. Ambas partes se basan en una legislación común, que, de momento, parece no ser clara.

El director general de la BEUC, Agustín Reyna, cree que las aerolíneas «están explotando a los consumidores e ignorando al máximo tribunal de la UE, que dictaminó que cobrar un equipaje de mano de tamaño razonable es ilegal». También ha pedido aclarar «qué servicios deben incluirse en el precio básico del billete», habida cuenta de que los viajeros dan por hecho, dice la organización de consumidores, que con la tarifa básica puedan embarcar con un bulto pequeño y una pieza de equipaje de mano.

Por otra parte, las compañías aéreas denunciaron ante la Comisión Europea la multa histórica que el Ministerio de Consumo español les impuso por «prácticas ilegales» y que esta está examinando desde enero tras pedir información detallada a España. La patronal del sector, ALA, considera que las sanciones van en contra de la libertad tarifaria y de la capacidad de elección de los consumidores. Más allá fue el CEO de Ryanair, que acusó al ministro de actuar «por razones políticas».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

OSZAR »