Los sindicatos piden al Gobierno celeridad con la reducción de jornada ante la parálisis de muchos convenios

Las organizaciones sindicales van a ser «exigentes» con el Gobierno porque, tal y como admite Unai Sordo, «nos está influyendo en la negociación colectiva». Los casi 12 meses que duraron las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para poner en marcha las 37,5 horas han supuesto al mismo tiempo una parálisis en la firma de convenios ante la incertidumbre provocada por cómo quedará la aplicación de esa medida: durante 2024 se acordaron 845 convenios colectivos, que afectaban a 2,3 millones de trabajadores, frente a los 1.146 que se firmaron en 2023 y que vinculaban las condiciones laborales de 3,6 millones de ocupados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo.

Los sindicatos saldrán a la calle el próximo 1 de mayo para persistir en que se cumpla el acuerdo para rebajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025, aunque desde el Gobierno insisten en que solo tramitarán el proyecto cuando haya visos de que pueda ser apoyado por los grupos parlamentarios en el Congreso, al menos para poder ser tramitado. Si no lo ven claro, se reservan la ley en el cajón hasta que lo vean posible. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue esperando a que fructifiquen las negociaciones con los grupos parlamentarios, sobre todo con Junts, el más reacio, pero también el más necesario, para completar la mayoría del Congreso.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, confía en que este retraso se deba a la coyuntura actual, marcada por la guerra arancelaria lanzada por Donald Trump, más que a la posibilidad de que la ley quede diluida. «Ellos sabrán lo que hacen», ha indicado. Para advertir, a renglón seguido, de las «consecuencias» en forma de «movilizaciones» si la reducción de jornada laboral no se pone en marcha. Por ahora, ya han transcurrido dos meses desde que el Consejo Económico y Social (CES) dio su visto bueno a la norma, no sin dificultades de consenso entre los agentes sociales y con advertencias sobre algunos de los preceptos e ideas incluidos en la norma, con los que el CES dijo no estar de acuerdo.

En esta línea, ha recordado que a finales de este año se deben iniciar las negociaciones del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), por lo que no se puede posponer la rebaja de jornada. «La lucha por la rebaja de jornada continuará, si lo conseguimos por la vía parlamentaria, perfecto. Si no se consigue, los grupos parlamentarios y el Gobierno van a tener una persecución en los próximos años», ha avisado Álvarez.

Bajo el lema 'Proteger lo conquistado, ganar futuro' han convocado movilizaciones en más de 50 ciudades de España por el 1 de Mayo. En Madrid, ambos líderes sindicales estarán presentes en la manifestación por el Día de los Trabajadores, que se iniciará a las 12.00 horas de la mañana.

Durante la rueda de prensa, ambos líderes sindicales han asegurado que este 1 de Mayo debería haberse planteado como un «clamor» por la rebaja de la jornada, pero ante la situación arancelaria derivada de las políticas comerciales de Estados Unidos, la movilización por el Día de los Trabajadores será la que más «connotaciones globales» tenga de los últimos 100 años.

No obstante, para este 1 de Mayo ambos líderes sindicales han indicado que una de las prioridades será reivindicar que se inicien ya los diálogos para reformar el despido en España, después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales fallara que este no es lo suficientemente disuasorio tras una demanda de UGT y ante una nueva sentencia de Europa, que parte de otra denuncia de CCOO que «con toda seguridad» determinará que el coste del despido en España es bajo.

Ante este escenario, Sordo ha asegurado que el Gobierno, los grupos políticos y la CEOE deben decidir si se inicia una negociación para que la ley española sobre el despido se adecue a la carta social europea, suscrita por España, o si prefieren «meter la cabeza debajo del ala» y que sean los tribunales los que se pronuncien a través de sentencias.