La Junta de Andalucía enchufó como técnicos en su fundación Faffe a ex cargos del PSOE sin ninguna titulación

En un atestado remitido el 14 de mayo pasado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga los enchufes en esta entidad asociada a los escándalos de corrupción en la etapa del PSOE, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que al menos una decena de los 84 contratados denunciados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), aparte de no haber superado ningún proceso selectivo, carecía de la titulación requerida para un puesto cualificado.

Algunos enchufes asombran a los propios agentes. El informe policial menciona cómo un licenciado en Historia del Arte fue contratado como personal de apoyo para la gestión de cursos de Formación Aeronáutica sin haber estudiado esta especialidad. Un caso paradigmático es el del histórico alcalde de Montellano (Sevilla), Francisco Aguilera Acevedo, que fue fichado como técnico de nivel A, la categoría profesional más elevada y de las mejor remuneradas, a pesar de que solo poseía el título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y toda su trayectoria laboral antes de recalar en la Faffe había estado ligada a su cargo municipal.

Francisco Aguilera Acevedo estuvo trabajando en la Faffe desde el 21 de noviembre de 2003 hasta su disolución el 2 de mayo de 2011, cuando pasó a integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como la mayoría del personal colocado en la entidad pública.

Aunque la UCO vuelve a analizar su caso, el juez instructor del caso Faffe, José Ignacio Vilaplana, ya archivó una investigación abierta contra el exregidor socialista de Montellano a pesar de que apreciaba indicios sólidos de su «ilícita» contratación después de perder las elecciones municipales en su pueblo y quedarse sin trabajo. El motivo es que el supuesto delito de prevaricación que se le imputaba ya habría prescrito cuando fue citado en estas diligencias previas en el año 2018.

Aguilera ganaba 2.563,28 euros brutos al mes a pesar de su «notable deficiencia formativa» y de que, según declararon a la Guardia Civil algunos de sus compañeros, se dedicaba a «dormir» y «leer la prensa» en el trabajo, acusación desmentida por él. Lo que no quita para que la UCO haga constar en su último informe que el exregidor «sería la única persona que habría ocupado un puesto de técnico nivel A sin poseer estudios universitarios, tan sólo poseía el nivel de bachiller».

Los contratos en la Faffe también sirvieron para pagar «favores políticos» con cargo a las arcas públicas. El exconcejal del PP de la localidad sevillana de Camas Eduardo Cabeza Rodríguez fue colocado en la fundación mes y medio después de protagonizar un episodio de transfuguismo que permitió darle al PSOE la alcaldía de este municipio donde había sido alcalde el exdelegado de Empleo de la Junta en la provincia de Sevilla, Antonio Rivas. Tras dejar el Ayuntamiento, este licenciado en Historia del Arte estaba buscando un empleo.

En julio de 2009 suscribió un contrato temporal con la extinta fundación para un puesto en el Centro de Formación de Aeronáutica de La Rinconada (Sevilla) y con las funciones de «apoyo a los técnicos, gestión e incluso impartía distintas formaciones a los alumnos». Su contratación «adolece de todos los elementos esenciales y básicos que debería seguir un proceso selectivo de acceso al empleo público, que debe regirse por los principios de mérito y capacidad», advierte la Guardia Civil.

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Otra investigada, María Pilar Benítez Díaz, que según el sindicato denunciante había sido candidata del PSOE en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), entró en la Faffe como técnico nivel F en febrero de 2009 para ocupar una vacante que exigía poseer titulación universitaria, «cuando no poseía ese requisito, al menos de manera oficial, ya que satisfizo las tasas para obtener el título» casi dos años después de firmar el contrato. Fue reclutada para realizar «labores de asistencia técnica» en un proyecto de orientación laboral por el que cobraba 1.683,36 euros brutos mensuales. «La única prueba realizada para superar el proceso selectivo habría sido una supuesta entrevista personal», detalla el atestado.

Otra investigada, Florentina González Castilla, que era miembro de la agrupación del PSOE en el distrito hispalense de Alcosa-Este-Torreblanca, también carecía del certificado de FP II en la rama de administrativo. Era diplomada en Profesorado de EGB. «Pese a ser una titulación superior, estaría muy alejada de las competencias requeridas para el puesto de trabajo», precisa la UCO.

Tampoco «poseía formación alguna que tuviera relación con la gestión del empleo» en 2003, cuando fue contratada, Manuela Romero Franco, quien entre los años 1991 y 2003 había sido concejal, teniente de alcalde y alcaldesa de Coria del Río (Sevilla) en representación del PSOE, señala la UCO. Poseía una licenciatura en Filología.

Aurelio Barreda Guerrero, hijo de la exsenadora del PSOE por Huelva Petronila Guerrero, permaneció en la fundación desde junio de 2007 hasta su extinción y posterior integración en el SAE. Reclutado para cubrir una vacante cuando «no era trabajador de la Faffe», no poseía la titulación preferentemente de FP II requerida. No superó más prueba que una entrevista personal.

La fundación, que se financiaba principalmente con subvenciones autonómicas, fue disuelta en mayo de 2011. El traspaso de sus 1.664 empleados al Servicio Andaluz de Empleo, donde la mayoría sigue en nómina, se hizo a través de la Ley de Reordenación del Sector Público que promovió el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE), bautizada por los funcionarios como 'ley del enchufismo'. Esta norma que garantizaba un empleo público al antiguo personal de la Faffe se aprobó tan solo un año antes de las elecciones andaluzas de 2012, en las que todos los sondeos daban como vencedor al PP. Javier Arenas ganó pero no gobernó. Contra todo pronóstico, Griñán conservó la Junta pactando con Izquierda Unida.