Un ex magistrado del Supremo ve posible responsabilidad patrimonial del Estado en la dana por la falta de obras

De esta manera, Orduña Moreno ha reclamado obras públicas como las del barranco del Poyo, con las que «la magnitud de la catástrofe hubiese sido muchísimo menor». «Sirven para salvar vidas, y también quiero señalar que los ciudadanos, mis conciudadanos de la zona afectada, tienen también el derecho a vivir tranquilamente», ha destacado.

En su intervención, ha destacado que la seguridad pública es competencia «exclusiva» del Estado ya que «supone la protección de la integridad física de las personas», algo «fundacional» para un Estado -«Si no, nadie pagaríamos impuestos»- y porque «la protección y la emergencia están calificadas como un servicio público».

Desde su punto de vista, el Gobierno «estaba facultado para decretar el estado de emergencia nacional» ya que había «una serie de circunstancias» el día 29 que «manifestaban» la «magnitud» de la tragedia. Se ha enzarzado sobre este punto con el senador de Compromís Enric Morera que le ha recordado que «todas las sentencias del Tribunal Constitucional indican que hasta que no se declara la emergencia de interés nacional, de acuerdo con la Constitución, la competencia exclusiva es de la comunidad autónoma».

Por otro lado, Orduña Moreno ha indicado que la Administración Estatal puede concurrir en una responsabilidad patrimonial por la no realización de las obras. «La responsabilidad penal es más dudosa, es más difícil, porque obviamente hay que tener en cuenta que se requiere una cierta casi intencionalidad de causar el daño, etcétera, eso es más dudoso», ha puntualizado.

Por otra parte, ha indicado que sistemas como el ES-Alert «se pueden perfeccionar mucho» ya que «en los momentos claves» no es «demasiado precisa». Aún así, ha recalcado que el Gobierno «podría haberlo activado también, evidentemente». A su vez, ha abogado también por tener más disponibilidad de expertos que valoren datos como los proporcionados por la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ) «con acuerdo a la emergencia».

En este mismo sentido, ha criticado que el Cecopi no tenga un reglamento de funcionamiento que determine qué imágenes grabar, por ejemplo, o la toma de decisiones. el senador de Compromís ha respondido que la Agencia Valenciana de Gestión de Emergencias ya tenía un protocolo de emergencias, pero que el Gobierno de Mazón lo eliminó.

Por lo demás, Orduña ha reconocido que a la sociedad le falta una cultura de riesgo. «Esto es una de las cosas que hay que mejorar desde el punto de vista de la normativa, inclusive. Hay que obligar a hacer planes estratégicos que realmente sean operativos, sean eficaces, que no lo son», ha insistido.

Por su lado, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Juan Valero de Palma Manglano, ha pedido más «agilidad» en las ayudas a los regantes tras la dana y ha insistido en que se invierta en obras públicas y en que se tendría que hacer un nuevo análisis coste-beneficio de las presas que se eliminaron de los planes, como la de Vilamarxant.

En su intervención, ha reconocido que en su opinión ha habido «voluntad política» por parte de todas las administraciones para ejecutar las ayudas, aunque algunas se estén retrasando por falta de medios. «Pediríamos más agilidad», ha recalcado.

De cara al futuro, ha defendido el aumento en inversiones en obras públicas y ha demandado un nuevo análisis coste-beneficio de las presas que se eliminaron de los planes, como la de Vilamarxant, etc. En líneas generales, ha insistido en que los temas de agua sean tratados como «una cuestión de Estado» ya que las obras hidráulicas requieren de varias legislaturas. «En general, nosotros lo que queremos es que seamos conscientes de que en España hacen falta embalses», ha enfatizado.

Aunque ha admitido que habrá que aplicar soluciones basadas en la naturaleza, ha recalcado que no se puede dejar que la naturaleza domine a la sociedad. Por otro lado, ha recalcado que otra de las patas «fundamentales» de las soluciones es la ordenación del territorio y ha abogado por mejorar los protocolos --en especial, los de avisos y emergencias-- y clarificar las competencias. De manera más local, ha hablado de las amortizaciones de las tarifas para los regantes valencianos.