La Coruña, la única ciudad que se fía a la ley de vivienda de Sánchez

«Buscamos reforzar el paquete de acciones que tenemos ya en marcha para hacerle frente a la subida de los costos de la vivienda en el término municipal, que están dificultando el acceso a esta a muchas coruñesas y coruñeses», alegaba su alcaldesa, Inés Rey, a principios de mes. Pero las expectativas del sector inmobiliario difieren.

«Las medidas, teóricamente pensadas para paliar el problema de acceso a la vivienda, no van a tener las consecuencias para las que fueron creadas. Así lo estamos viendo en Barcelona», indica Emma Martínez, presidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin). Pese a que la capital catalana consiguió contener los precios durante los primeros meses de aplicación de la ley, la cantidad de pisos disponibles disminuye desde entonces, comenzando 2025 con 37.043 viviendas menos en el mercado que en el año anterior y una media de 421 unidades familiares interesadas por anuncio ofertado según el Barómetro del Alquiler de 2024, elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.

Por otra parte, el precio de alquiler medio en Barcelona aumentó en el entorno del 10% en marzo respecto al mismo mes de 2024 –9% según Fotocasa y 12,3% según Idealista–, aunque el tope fijado por el Gobierno para esta Zona de Mercado Tensionado es del 2,20% como máximo según el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda.

«Indudablemente, el tope de precios sí va a suponer que se regulen un poco, pero tenemos mucho miedo que pase como en Barcelona, donde se retrae todavía más la oferta. Si a un propietario le dices tú cuál va a ser el precio al que tiene que poner su vivienda en alquiler, igual cuando le quede libre decide venderla y no seguirlo alquilando», añade la presidenta de Aviturga.

La ley estatal tampoco convence a la Xunta, que a pesar de considerarla como una medida poco eficaz para atajar el problema, señalaron en varias ocasiones que no podrán impedimentos a los concellos que decidan adherirse a la misma. «No hace falta ir a Cataluña, las experiencias previas internacionales, y así lo reconocen los informes del Banco de España, muestran que es una fórmula que a medio plazo no funciona y lo que provoca es, precisamente, una contracción en la oferta. Además de una pequeña reducción de los precios, incluso ficticia, porque puede hacer que aflore el mercado negro», indica Heriberto García, director general del Instituto Galego da Vivienda e Solo (IGVS).

Además de limitar el aumento de los precios, la otra medida que sí genera consenso es el aumento del parque de vivienda, ya sea público o privado. Un factor determinante y que sigue pendiente de resolución a juzgar por los datos. Desde la crisis inmobiliaria de 2008, la construcción de viviendas residenciales se contrajo de forma abrupta, pasando de casi 900.000 visados de obra nueva en 2006 a las 58.000 de 2009, con un progresivo aumento desde entonces hasta los 154.300 visados de 2024 según los datos del Ministerio de Transportes. Cifras que distan de las necesarias para atajar el déficit acumulado de 600.000 viviendas previsto para 2025 según cálculos del Banco de España.

«No existen nuevos desarrollos del suelo ni suelo masivo en el mercado para desarrollar nuevas actuaciones, lo que va unido a una mayor cautela en el acceso a la financiación», explica el presidente del IGVS. Todo ello unido a la regulación más restrictiva establecida tras la burbuja inmobiliaria y factores como el aumento de los costes de materiales empleados en la construcción, la falta de mano de obra en el sector o la lentitud para obtener los permisos necesarios para construir, que inevitablemente afectan al interés y rentabilidad de los inversores.

«En ese sentido, desde la Xunta de Galicia, en colaboración con el sector de la construcción, se están impulsando medidas que faciliten la incorporación de construcción industrializada al mercado para reducir plazos y paliar esa falta de mano de obra modernizando el sector hacia un modelo más industrializado», añade Heriberto García, que recuerda el compromiso del Ejecutivo gallego de introducir 4.000 nuevas viviendas públicas en el mercado de cara al año 2028. Además, subraya que Galicia trabaja también en desarrollar suelo para permitir la construcción de otras 25.000 viviendas a partir de 2028, de las que el 80% serán públicas según el presidente del Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Mientas la ley del suelo permanece bloqueada en el congreso y la construcción de viviendas palidece ante las demandas de la población, las viviendas de uso turístico (VUT) suelen ser las primeras señaladas por el problema de escasez, al reducir aún más la oferta de alquileres de larga duración.

Un asunto debatido a principios de mes en el IV Congreso Inmobilliario de Galicia celebrado por Agalin, en el que la presidenta de Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia), Dulcinea Aguín, afirmó que el problema de acceso a un hogar responde precisamente a la ley de vivienda, que «beneficia exclusivamente al inquilino y desprotege completamente al propietario» y no a las VUT.

Durante el debate también participó el presidente del Clúster de Turismo en Galicia, Cesáreo Pardal, que coincidió en que las VUT no son el problema mientras más de 5.000 viviendas permanecen vacías en Galicia, salvo en casos particulares como el de Sanxenxo, donde ya son más de 15.000 las viviendas destinadas al alquiler de corta duración.