Interior oferta la mitad de plazas necesarias para mantener la plantilla de la Guardia Civil

La falta de efectivos y el envejecimiento de la plantilla, como ya ha denunciado en numerosas ocasiones Jucil, amenaza con ‹debilitar gravemente la operatividad y eficacia en la seguridad ciudadana› de la Guardia Civil, que protege un 80 por ciento del territorio nacional, aunque un porcentaje menor de ciudadanos que la Policía al ser su demarcación mayoritaria en el ámbito rural. Por ello, la asociación exige al ministerio casi duplicar el número de plazas ofertadas hasta superar las 5.400.

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La asociación, además, denuncia que los más de 25.000 agentes que entraron en el Instituto Armado entre 1989 y 1993, cuando hubo una oferta de plazas mucho mayor, han comenzado a pasar a la reserva desde 2023 para posteriormente jubilarse. Esto ha provocado que, desde el año pasado, «abandonen el servicio más agentes de los que entran». Estos datos chocan frontalmente con las valoraciones de «cifras récord» que pregonan desde Interior.

Jucil, debido a la pérdida de agentes cada año, cree que son necesarias «cuatro promociones de 5.400 guardias cada una» para evitar una reducción de la plantilla. Sin embargo, en los últimos años las convocatorias no cumplen las expectativas necesarias por la asociación: 1.671 plazas en 2022; 2.520 en 2023 y 2.721 en 2024.

La edad media de los agentes del Instituto Armado aumenta y ahora uno de cada cuatro tiene más de 50 años y que la mayoría de los que patrullan las calles superan los 40 años. La asociación denuncia que «un Cuerpo envejecido» es incapaz de afrontar las «crecientes necesidades de seguridad». Además, según la asociación, entre 2022 y 2025 se perderán unos 1.800 agentes, una cifra que dejaría a la Guardia Civil «en una situación de extrema vulnerabilidad» si no se prepara un plan de reposición adecuado.

La situación, según Jucil, es «incomprensible», porque se le suma «la pérdida de competencias en favor de Cuerpos autonómicos y locales, que debilita la independencia operativa de la Guardia Civil y facilita el control político sobre la seguridad». Esta es una realidad ya denunciada por la asociación a ABC, que afirmaba que el objetivo es «aniquilar o exterminar en Cataluña» a la Guardia Civil con el traspaso de competencias, lo que provocaría «graves consecuencias para la población».

La asociación se pregunta también porque la Generalitat en Cataluña convocaba exámenes el pasado febrero para 1.300 plazas para acceder a los Mossos d'Esquadra, 850 más que en 2023; o por qué las ofertas de empleo para el ingreso en la Ertzaintza de 525 plazas, un Cuerpo que cuenta ya con 7.500 efectivos: Mientras que para la Guardia Civil, para una plantilla que actúa en gran parte del territorio con alrededor de 70.000 agentes, se ofertan poco más de tres mil plazas. «No sólo no quieren corregir la situación y equiparar condiciones, sino que además nos están debilitando y perjudicando la seguridad ciudadana, donde la cooperación es fundamental para garantizar un servicio efectivo y eficaz», afirman.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por ABC explican que «el marco legal que regula las incorporaciones de personal al sector público se define en la Ley de Presupuestos Generales del Estado». Dado que actualmente siguen en vigor los de 2023, prorrogados para 2024, y aún en vigor, «se ha utilizado la tasa fijada en esos presupuestos, que estableció una reposición del 125 % para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Añaden que «no hay posibilidad legal de aplicar una tasa de reposición distinta».