La juez exonera al dueño del local de fiestas de Tito Berni

Durante la investigación, la Policía detectó que el responsable del local, Sergio de Frutos, había realizado dos transferencias a una cuenta bancaria de la pareja del Mediador, creyendo -porque así se lo había asegurado Navarro Tacoronte- que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, agilizaría los permisos de obra para la terraza de su establecimiento. Era 12 de abril de 2021, y solo un día después, Tito Berni y el Mediador celebraron en La Carmela la famosa «comida especial» de 10.800 euros que acabó pagando otro empresario y a la que asistieron chicas de compañía.

Ese episodio motivó que la instructora del caso, María Ángeles Lorenzo-Cáceres, citara a De Frutos como investigado, siguiendo así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, y solicitara tres años de movimientos bancarios de Redisbar, la sociedad que explota La Carmela. La juez entendía que allí se celebraron numerosos encuentros y reuniones de la presunta red, dado que el hotel Victoria era el lugar en el que pernoctaba Tito Berni durante su etapa como parlamentario, cuando viajaba a Madrid para asistir al Congreso de los Diputados. Para la instructora, esas fiestas eran, además de frecuentes, «pagos en especie» que la trama recibía a cambio de sus «gestiones» para favorecer a empresarios.

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Ahora, con la investigación de este pasaje finalizada y tras recibir los últimos informes de la Policía y la Agencia Tributaria, la juez concluye que, aunque De Frutos realizó dos transferencias a la pareja sentimental del Mediador por un total de 25.850 euros -con el objetivo de obtener una licencia para el cerramiento de la terraza en plena pandemia-, «no se han hallado indicios» que permitan imputarle «pagos o actuaciones ilícitas».

La instructora destaca en un auto reciente, al que ha tenido acceso ABC, que incluso constan «mensajes en los que el citado empresario reclama la devolución» del dinero a Navarro Tacoronte. Y que finalmente, De Frutos cerró al Mediador el acceso a su negocio, sin que existan pruebas que lo vinculen como partícipe en «acuerdos o gestiones ilícitas relacionadas con los investigados».

Respecto a los 10.800 euros que el empresario Maximiliano Miguel Poveda pagó durante una comida en La Carmela a la que asistieron el Mediador y Tito Berni un día después de las mencionadas transferencias, De Frutos explicó en su declaración como investigado el pasado noviembre que 7.800 corresponden al «consumo de destilados de alta gama efectuado ese día» a petición del exdiputado socialista, junto con el alquiler del reservado en pandemia y la factura de los tres comensales.

Añadió que los 3.000 euros restantes, también cargados a la misma tarjeta esa tarde, fueron entregados «en efectivo» a Navarro Tacoronte durante el transcurso de la comida. En la resolución, la magistrada incide en que «hubo chicas de compañía en el reservado, contratadas para la ocasión», sin que conste pago alguno ese día por parte de Fuentes Curbelo.

Con estos elementos, para la juez «no ha resultado acreditado que el investigado Sergio conociera los alcances de esa reunión». En su auto, aclara que, para la fecha en que se celebró la comida -13 de abril de 2021-, el Mediador ya había incorporado al hostelero «entre sus objetivos económicos y empresariales para el grupo» y garantizado que tendría «capacidad de gestión en la Administración» para que obtuviera los permisos de la terraza. En este punto, la magistrada recuerda que Navarro Tacoronte «presume de sus altas relaciones institucionales» y que, «desde al menos septiembre de 2020 se alojaba en el hotel con una relación muy cercana al diputado, lo que inducía al encargado a confiar en su gestión y, por ello, transferirle ese dinero».

Según las pesquisas, el Mediador llegó a remitir el proyecto de las obras de la terraza en PDF a otro de los empresarios investigados, Raúl Gómez Rojo. Y, con este escenario, asegura Lorenzo-Cáceres, el Mediador encargó a De Frutos el menú y el reservado para celebrar la «comida especial» en su restaurante.

En el mismo auto, la juez también archiva la causa para otras tres personas que hasta ahora formaban parte de la lista de investigados del caso Mediador: un ganadero, engañado por el sobrino de Tito Berni, Taishet Fuentes, y el Mediador para que pagara 6.000 euros; Plácido Alonso Peña, el primer abogado de Navarro Tacoronte; y el empresario Miguel Alemán Bolaños.

En el caso de los dos últimos, la magistrada Lorenzo-Cáceres concluye que no ha quedado acreditado que ninguno realizara pagos ni al exdiputado ni al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, también ubicado por los investigadores en la cúspide de la presunta trama de mordidas.