¿Qué pasará ahora con las terrazas de Madrid?

La resolución judicial, fechada el 12 de marzo, remarca que «no se puede apreciar el interés casacional y la necesidad» de un pronunciamiento por parte de los jueces. «La fundamentación de la citada trascendencia la basa, entre otras razones, la preparación del ayuntamiento en la necesidad de incorporar mayores exigencias medioambientales, cuando se está precisamente ante una sentencia que anula dicha modificación por cuanto no ha contado con el oportuno análisis ambiental», señala. Además, el Supremo afirma que los dos argumentos de la sentencia recurrida, ausencia de informes de impacto presupuestario y ambiental, ya se ponían de manifiesto en directrices internas del propio consistorio.

Tras esta decisión judicial, la gran duda es cómo operarán a partir de ahora las terrazas de la capital, que comienzan con el buen tiempo su temporada fuerte. En este sentido, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, pues su gobierno está trabajando en una ordenanza que «va a ser muy similar» a la aprobada en 2022, «salvo ligeros retoques», y que estará lista «antes de finales de este año». «Los tribunales lo que han determinado es que hay un defecto formal al faltar una memoria justificativa que debería haberse aportado. Se valoró únicamente el aspecto formal porque en el fondo del asunto se entiende que es adecuada», insistió el regidor durante la inauguración del nuevo centro multiservicios de la céntrica calle Fúcar.

«Le pido a los hosteleros tranquilidad, con independencia de que la izquierda quiera que cunda el pánico en esta ciudad, porque ya tenemos listo un plan de contingencia. Los vecinos van a seguir disfrutando del bienestar y del descanso, y los hosteleros van a poder seguir renovando sus terrazas, de acuerdo a lo que ya estaba previsto». Mientras, detalló Almeida, a las terrazas ya establecidas se les seguirá concediendo la autorización actual, puesto que consideran que es una renovación respecto a los permisos ya existentes.

Sin embargo, aquellos establecimientos de hostelería (hay unos 15.000 bares y restaurantes en toda la capital, según la patronal) que quieran abrir nuevas tendrán que retrotraerse a la ordenanza de 2013, más laxa respecto a los horarios de verano, pero menos permisiva en cuanto a configuraciones de terrazas. En esta ordenanza no se incluía, por ejemplo, las mesas y sillas en zonas terrizas, los taburetes en las esquinas, los horarios restringidos en los puntos calientes y las 31 «zonas tensionadas» declaradas por la ordenanza de Villacís de 2022. Los horarios de verano, sin embargo, no cambiarían gracias a una norma de la Comunidad de Madrid que también los recortó y que predomina sobre las reglas municipales. Por eso, en opinión del alcalde «no tiene demasiado sentido» acogerse a una ordenanza como la del 2013, porque van a ser apenas unos pocos meses. «Lo razonable sería, por tanto, ajustarnos al ‘statu quo’ existente, por eso estaremos en contacto con los representantes de los hosteleros para que no se produzcan situaciones temporales que no benefician a nadie», insistió.

En relación con las sanciones, añadió el primer edil, serán los servicios jurídicos los que determinen «cuáles son anulables o no». «En este sentido, poco tendremos que decir al respecto, salvo el compromiso de que devolveremos aquellas que no se ajusten a la sentencia y sus efectos», destacó el primer edil.

En la misma línea se pronunció el portavoz de los hosteleros madrileños, José Antonio Aparicio, que quiso mandar un mensaje de «tranquilidad y prudencia» a sus socios: «Las terrazas autorizadas pueden seguir operando como hasta ahora. Habrá peticiones o modificaciones que quedarán en espera hasta que se apruebe el nuevo texto, pero no hay inseguridad jurídica, porque habrá una nueva ordenanza», destacó Aparicio, que insistió en que estarán vigilantes para que la futura regulación resuelva los defectos de la anterior y no limite una fuente de ingresos vital sobre todo para las pymes. Para ellos, esta nueva norma es una «oportunidad» para mejorar una ordenanza que, en términos de ruido, por ejemplo, les parece excesiva en determinados ámbitos. Durante este periodo de transición, insisten, pedirán al área de vicealcaldía aclaración jurídica sobre las distintas situaciones de sus socios.

No obstante, desde la oposición no tienen tan claro que las consecuencias de toda esta «chapuza administrativa» de las modificaciones de la ordenanza de terrazas sean tan sencillas de resolver. Con las nuevas terrazas, explicaba en declaraciones a los medios el edil socialista Antonio Giraldo, la solución es clara: hay que volver a la ordenanza de 2013. Pero con las ya existentes temen que haya un problema de «inseguridad jurídica» e interpretaciones diversas. «Yo creo que una buena tarea del ayuntamiento sería ir revisando, una por una, las condiciones particulares, puesto que puede ser que algunas casen con la ordenanza de 2013 y otras no. Entramos en un terreno desconocido, que es lo que querían evitar el año pasado. Buscaban que al llegar la sentencia firme la nueva ordenanza estuviera ya preparada, pero no ha sido así», apuntó el concejal. «Me pregunto qué va a pasar en estos meses. No dudo de que los hosteleros se porten bien, pero todo tiene que estar conforme a la legalidad».

Por su parte, Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), celebró ayer la decisión del Tribunal Supremo y pidió también que en la elaboración de la nueva norma se tenga en cuenta a los vecinos: «Es importante que el Ayuntamiento de Madrid, tal y como nos anunció en una reunión hace meses la propia vicealcaldesa, retome el desarrollo de una nueva ordenanza, pero es clave que lo haga con un verdadero espíritu de diálogo, buscando el consenso de los vecinos y vecinas con el sector hostelero», concluyó. Tras una década de idas y venidas, a las terrazas madrileñas les hace falta estabilidad.