El Gobierno de Perú impone el toque de queda en Pataz tras el asesinato de 13 mineros

«La única responsabilidad de lo que ha sucedido con las 13 familias es el Gobierno central por no hacer su trabajo, por no hacer su tarea», dijo Aldo Carlos Mariño, el alcalde de Pataz.

«Hago un llamamiento a la minera para atender a los hijos de esos trabajadores que murieron torturados y asesinados…Es hora de que se proteja al pueblo y a las rondas, que les entreguen chalecos antibalas, ellos se han enfrentado con piedras en mano a los criminales. ¡Esto…, esto duele!», indicó el burgomaestre de Pataz.

«No hemos tenido con qué evacuar a los heridos de bala. ¡Basta ya, señores indolentes del gobierno central!, ¿cómo es posible que no tengamos un hospital?, ¿cómo es posible que no tengamos ni un metro de carreta asfaltada?. Si no era por las rondas campesinas que se envalentonaron junto al pueblo, en unos días quizás ya estaríamos hablando de 50 asesinados... ¡Ni los policías tienen chalecos antibalas! (...) Este país está podrido», finalizó.

En un acto en Palacio de gobierno, la presidenta Dina Boluarte expresó las condolencias a los familiares de los 13 fallecidos en la mina en Pataz: «Una vida de una persona es dolorosa… Desde el Ejecutivo les anuncio que les brindaremos las facilidades a las familias para acompañar con programas sociales».

«El Ejecutivo ha actuado desde el inicio…estos actos de crimen organizado, de terror, de extrema brutalidad no lo vamos a permitir. Hacemos un llamado al Ministerio Público…el que lideró el asesinato es el delincuente Cuchillo que fue capturado por la policia nacional y puesto en libertad por el Ministerio Público…¿en que quedamos?», expresó Boluarte.

«Decir esto no es lavarnos las manos sino poner en evidencia dónde está la responsabilidad…por eso anuncio el toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Instalaremos una base militar en Pataz y el Ejército tomará el control de la mina La poderosa», dijo la jefa de Estado del país andino.

También ordenó que se detengan durante 30 días la actividad minera y anunció que pedirá al Congreso que aumente las facultades a la Policía para tratar hechos como el secuestro y asesinato de 13 personas al que Boluarte calificó como «terrorismo urbano».

La presidenta Boluarte sucedió en el cargo a Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 y desde ese momento hipotecó su destino al «pacto de las familias» detrás de los partidos políticos en el Congreso y que son quienes la mantienen en el cargo: Keiko Sofía Fujimori, César Acuña, José Luna, Vladimir Cerrón y Rafael López Aliaga.

Es por esa razón que Boluarte ha dejado actuar a un Congreso manejado por las familias políticas quienes han dado leyes que han favorecido la minería ilegal, el lavado de activos el acceso a tierras dentro de la Amazonía, las mafias que impiden el ordenamiento del transporte público, el uso de dinamita en zonas mineras, entre otros.

Un Estado que no cuenta con las herramientas correctas ha dejado que surjan zonas liberadas en Perú donde la minería ilegal es la que da las reglas y la policía en los hechos de la comparsa, según explicó a ABC, Magaly Avila de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.

En un comunicado público, la minera La poderos» se quejó de que, en total, 39 mineros y trabajadores han sido asesinados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente».

«El espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que lamentablemente no ha podido frenar el deterior de las condiciones de seguridad en la zona», indica.

La mina «La poderosa» hizo un llamado urgente al gobierno, para que la policía ingrese a donde se encuentran las bandas de los delincuentes que los atacan y al congreso, para que anule el REINFO, registro de mineros informales en proceso de formalización.

«Lo sucedido en Pataz da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal, ya convertida en la principal economía ilícita del país, y su terrible rastro de violencia, contaminación y muerte. Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes de que sea demasiado tarde», finaliza el comunicado de la mina «La poderosa».

«Pataz es el laboratorio de la supremacía criminal. Los 13 asesinatos confirman la integración vertical de economías ilegales: la del crimen organizado, doblemente ilegal; de la minería ilegal; y el tráfico de armas. Su paraguas operativo: leyes pro crimen y corrupción policial», explicó el analista político, Juan de la Puente.