Europa ante el reto migratorio

Editorial ABC

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01/10/2023
Actualizado 02/10/2023 a las 00:58h.

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El fenómeno de la inmigración masiva que llega a Europa por vías irregulares es quizás el problema más acuciante al que se enfrenta nuestro continente, tanto por los efectos directos que se derivan de la dificultad de integrar a quienes tratan de llegar a nuestro territorio como por las distorsiones que este éxodo provoca en la política doméstica de cada nación y, a su vez, en las relaciones entre los distintos países miembros. No solo resulta imprescindible afrontar esta crisis a escala europea, sino que del acierto a la hora de gestionarlo depende la mera supervivencia del proyecto comunitario. Sin embargo, desde hace más de diez años los dirigentes europeos son incapaces de, al menos, adaptar la legislación a la realidad que vivimos, a pesar de la llegada de oleadas migratorias tan voluminosas como la registrada recientemente en Lampedusa o las recurrentes tragedias que se suceden en alta mar. En el último consejo de ministros de Interior, celebrado la pasada semana, se ha vuelto a constatar una falta de acuerdo en asuntos esenciales, como el mecanismo de solidaridad para que, en caso de producirse avalanchas migratorias como las que el pasado septiembre colapsaron la isla italiana, el esfuerzo de hacerse cargo de los demandantes de asilo no recaiga exclusivamente sobre el país de llegada, sino que se distribuya de forma razonable entre todos.

Sin embargo, el enfoque de la UE sigue orientado a gestionar las crisis de forma aislada, no a tratar de prevenirlas. Para ello se necesitaría una visión realista y pragmática que dejase de lado los prejuicios simplistas que presuponen que Europa puede absorber de forma ilimitada a todos los que intentan llegar a su territorio. No tenemos capacidad para resolver los problemas en los países de origen de esta emigración; al contrario, probablemente estemos contribuyendo a agravarlos al asumir el éxodo hacia Europa de su mejor capital humano. La opción de subcontratar a gobiernos como los de Marruecos, Túnez o Turquía para que hagan el trabajo sucio tampoco puede sostenerse a medio plazo. Es necesario establecer cauces legales para aquellos que quieren venir a Europa por medios dignos, y al mismo tiempo es imprescindible sellar las fronteras terrestres y marítimas a las entradas ilegales. Y para ello es necesario que las organizaciones no gubernamentales que se dedican a socorrerlos en medio del mar dejen de operar por su cuenta, más coordinados con los contrabandistas de personas que con los gobiernos costeros, hasta convertirse en el principal incentivo para que miles de personas se atrevan a arriesgar su vida en una travesía incierta.

La cuestión debería ser tratada en la cumbre de Granada, tanto en la reunión de la Comunidad Política Europea como entre los propios socios de la UE. La insistencia del Reino Unido para que la crisis migratoria fuera uno de los asuntos a tratar se debe en parte al hecho de que este fin de semana se celebra el congreso del Partido Conservador de Rishi Sunak. Lo que no se termina de entender en esta coyuntura es la contumacia del Gobierno español, que ejerce la presidencia semestral de la UE, para minimizar la cuestión. Tal vez lo puede explicar el desinterés que demuestra el hecho de que Pedro Sánchez fuera el único jefe de Gobierno que no quiso participar en la reunión de todos los países mediterráneos de la UE sobre inmigración que tuvo lugar el pasado viernes en Malta y a la que, pese a la gravedad de este asunto, envió a un secretario de Estado.