Más de la mitad de las universidades privadas incumplen los requisitos del nuevo decreto del Gobierno

Sea como fuere, con el borrador del decreto en la mano y analizando sólo tres de los numerosos requisitos que quiere imponer el Ministerio que dirige Diana Morant, al menos 26 de las 41 universidades privadas españolas estarían en la cuerda floja. O, lo que es lo mismo, más de la mitad no cumplirían con los «estándares de calidad académica» que quiere fijar por ley el Gobierno de Pedro Sánchez. Los datos utilizados son los últimos oficiales del departamento de Universidades y pertenecen al curso 2023-2024. Además, hay que señalar que desde la entrada en vigor de la norma los centros tendrían un plazo de tres años para adaptarse a los nuevos requerimientos.

ABC se ha detenido en tres de los vetos: un mínimo de 4.500 alumnos matriculados en cinco años de plazo; al menos un 50% del alumnado cursando programas de grado y doble grado y, por último, el punto que obliga a las universidades a ofrecer tres programas de doctorado, abarcando al menos tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura). El argumentario gubernamental se ha orientado estos días a matizar que estas nuevas condiciones no pretenden enfrentar a la universidad pública de la privada, sino diferenciar «a las buenas de las malas» y que lo que busca la norma es «mejorar la calidad académica».

Sin embargo, ninguna de las universidades públicas incumple al menos uno de los tres requisitos analizados por este periódico y que se refieren al tamaño de los centros y la variedad de la oferta de doctorados. «¿Influye de verdad el número de alumnos matriculados o la variedad temática de doctorados en la excelencia?», se preguntan desde la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, que representa tanto a instituciones públicas como a privadas. Pero más allá de la arbitrariedad o idoneidad de los requisitos y si la tramitación sigue su curso, parece que algunas privadas deberán iniciar un exigente examen interno para evitar que la comunidad autónoma en la que se ubican pueda abrirles un expediente.

En lo que respecta a contar con un mínimo de 4.500 alumnos matriculados (sumando estudiantes de grado, posgrado y doctorado), hay 14 universidades que no pasarían esa criba, ahora bien, ocho de ellas están dentro del plazo de cinco años que da el Gobierno para conseguirlo. La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila sería la que se situaría más cerca del límite del Gobierno con 4.285 matriculados en grados o máster en el curso 2023/2024. Por su parte, dos canarias son las que se encuentran más lejos del límite: la Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) (1.365) y la Europea de Canarias (2.275). Entre las que todavía no han cumplido los cinco años, CUNEF Universidad, con 2.569, es la que cuenta con más alumnado matriculado. Esta institución ha aclarado en los últimos días que, en el curso 2024-2025 ya cuenta con 4.300 alumnos matriculados.

Otro de los requisitos, –el que obliga a que al menos el 50% del estudiantado esté matriculado en programas de grado y doble grado–, no lo pasarían seis universidades, cuatro de ellas no presenciales. La que se encuentra más cerca de alcanzar ese límite, con un 47,7% de sus alumnos matriculados en grados o dobles grados, es la Internacional Isabel I de Castilla. Por su parte la Internacional de la Empresa (26,4%) es la que se aleja más del objetivo del 50%.

La última condición analizada por ABC ha sido la de contar con una oferta de tres programas de doctorado, abarcando al menos tres de las cinco grandes ramas del conocimiento. En este caso, con los datos disponibles, se ha podido comprobar qué áreas no cuentan con ningún alumno de doctorado. Bajo este criterio, son al menos 25 las universidades privadas que no cumplirían esta cláusula. Entre ellas, la Alfonso X el Sabio que apenas contaba en el curso 2023/2024 con 63 doctorandos en el área de Ciencias de la Salud, o la Francisco de Vitoria con un total de 133 estudiantes de doctorado repartidos únicamente en áreas de Artes y Humanidades y Ciencias de la Salud. De este modo, y según los datos analizados, habría una universidad, la Internacional de la Empresa, que no cumpliría absolutamente ninguno de los criterios analizados.

No obstante, contaría con el plazo de cinco años para conseguir superar el límite de los 4.500 en el número de estudiantes. Asimismo, habría 16 que fallarían en al menos dos de las condiciones: 12 quedarían fuera por no alcanzar los 4.500 alumnos (7 estarían todavía en plazo) como por no contar con la oferta de doctorado necesaria. Por su parte, cuatro no alcanzarían el porcentaje de alumnos de grado necesarios, así como la oferta de doctorados.

Por último, diez universidades no superarían la criba por no cumplir uno de los requisitos analizados. En ocho de ellas, la negativa la encontrarían en su limitada oferta de doctorado, mientras que en el caso la Abat Oliba CEU tendría que aumentar su número de estudiantes para pasar los requisitos del Gobierno.

Por su parte, la Internacional de la Rioja se sitúa sensiblemente por debajo del límite del 50% en lo que a estudiantes de grado o doble grado se refiere (39,54%). Sin embargo, según puntualizan desde el centro riojano, en el decreto se recoge que el requisito en el índice de estudiantes de grado o doble grado se reduce al 35% en el caso de que la universidad cuente con más de un 50% de estudiantes extranjeros, condición que según UNIR «superan ampliamente».