La consulta del Gobierno sobre la opa de BBVA llega a la Audiencia Nacional y piden que no se puedan usar sus resultados

Una vez resuelto el análisis de la CNMC con compromisos pactados con BBVA se ha abierto la llamada fase tres por la cual el Gobierno puede intervenir para modificar esos compromisos. En teoría, podría endurecer tanto las condiciones al banco vasco que le hiciera desistir de la opa, aunque hay juristas que consideran que eso no está tan claro ya que la normativa no lo especifica claramente.

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Daniel Caballero

Primero, el ministro Cuerpo tiene que decidir elevar el caso al Consejo de Ministros, que será el que adopte la intervención. Ese plazo para decidir termina mañana y previsiblemente el titular de Economía optará por ver el asunto en el seno del conjunto del Gobierno. Para tomar esa decisión, Economía ha sacado una consulta pública inédita para recabar opiniones de todo aquel que quiera expresarse sobre la opa. El objetivo del Ejecutivo es armarse de argumentos para intervenir en la operación, aunque, en todo caso, deberá hacerlo con criterios de «interés general» y nunca de competencia ya que estos ya han sido analizados por la CNMC.

Esa consulta pública ha despertado enormes recelos en el sector financiero, economistas y también juristas. Y ahora Statera Legal ha decidido judicializarla para tratar de frenar sus efectos, ya que la misma concluyó hace algunos días y el ministerio ya dispone de las respuestas. Entre los argumentos del recurso, presentado a nombre del socio Ibor Fernandes Romero, destaca que la consulta sería contraria a la Constitución tal como está planteada.

El pasado 8 de mayo, el despacho ya requirió al ministro Cuerpo que cesara en la consulta pero, al no obtener respuesta, han pasado a la Audiencia Nacional y solicitado cautelares. «La medida cautelar que se solicita es la suspensión de la utilización de los resultados de la consulta pública sobre la concurrencia de criterios de interés general afectados por la operación de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell y, subsidiariamente, que se imponga al Gobierno la obligación de reiterar la consulta pública con la motivación de la que adolecía la primera consulta formulada», indican en nota de prensa, y añaden: «La suspensión cautelar del uso de los datos obtenidos por la consulta pretende evitar la pérdida de la finalidad legítima del recurso y aseguraría la efectividad de la futura sentencia».

«La trascendencia de los argumentos en los que se fundamenta la ilegalidad de la consulta pone de manifiesto la necesidad de suspender su utilización», indica Statera Legal. El principal de esos argumentos es que la consulta resulta «contraria al principio de igualdad y no discriminación (artículo 14 CE) pues la formulación de la consulta es diferente en función de si el interesado considera o no que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell». Se refieren a que en la consulta se impide desarrollar argumentos a quienes contestan que no hay razones para intervenir.

En segundo lugar, el recurso pone el foco en los entresijos de la consulta y la falta de rigor de la misma a la hora de identificar a los usuarios, como publicó ABC, lo que puede dar lugar a miles de respuestas falsas, aunque el ministerio señaló que iban a depurar las contestaciones. «El proceso de cumplimentación del formulario de la consulta está ausente de cualquier autenticación de identidad del usuario. Así, se infringe el artículo 9 de Ley del Procedimiento Administrativo Común en relación con lo previsto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, lo que cobra mayor relevancia considerando que una suplantación a gran escala –como un ataque informático– podría tergiversar líneas de opinión que el Gobierno ha manifestado que va a tener en consideración. Esta cuestión es de especial trascendencia considerando los intereses en la desestabilización de las democracias occidentales por determinados actores ajenos en el contexto geopolítico», destacan.

Asimismo, indican que «el procedimiento seguido no se corresponde con aquel al que se vinculan las preguntas formuladas en la consulta, lo que infringe el artículo 60 Ley de Defensa de la Competencia» y que «la consulta no tiene cabida formal en el ordenamiento jurídico dado que no existe precepto habilitante para realizarla en el procedimiento previsto para la intervención del Consejo de Ministros».

El despacho sostiene que, por todo lo anterior, «podría tener una afectación del interés público ante la utilización de los datos recabados sin ningún rigor y respaldo jurídico, además de haber vulnerado en el proceso el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución, lo que revela la necesidad de impugnarlo en vía jurisdiccional y la suspensión cautelar de la utilización de los resultados de la consulta pública».

En el recurso, el despacho de abogados pone énfasis en que la consulta es «la consumación de una vía de hecho que escenifica un absoluto desprecio del órgano convocante por el respeto a las instituciones, los derechos fundamentales de los ciudadanos implicados y el ordenamiento jurídico administrativo».

Se expone que la actuación del Gobierno, presuntamente vulnerando el principio de igualdad, es «una actuación propia de totalitarismos» que con una participación ciudadana «dirigida, opaca y capciosa» quiere «justificar acciones ilegítimas». En este sentido, reclaman que actúe el «Poder Judicial de forma tajante, impidiendo que el Poder Ejecutivo se prevalezca de la dilación jurisdiccional para consumar su actuación antijurídica».

Asimismo, el despacho califica la posible intervención del Gobierno en base a la consulta pública como «una injerencia ilegítima en el derecho privado, con evidente afectación al derecho fundamental a la libertad de empresa».