Bancos e inversores creen «arbitraria y populista» la consulta del Gobierno sobre la opa de BBVA

La CNMC dio su visto bueno, con compromisos pactados, a que BBVA pueda hacerse con el Sabadell. Unas condiciones asumibles para que el banco vasco continúe con la opa, a falta de que el Ejecutivo se pronuncie porque ahora La Moncloa tiene la posibilidad de endurecer, suavizar o mantener esos compromisos. Pero, en todo caso, la ley de defensa de la competencia exige al Gobierno que si interviene lo haga en base a criterios de «interés general» y siempre distintos del de competencia porque eso es asunto de la CNMC.

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Para recabar apoyos y opiniones contra la opa, el Ejecutivo ha abierto el citado formulario, que ha causado enorme «sorpresa» e «incredulidad» en el sector financiero por dos motivos: que se utilice una especie casi de referéndum para pedir opinión a todo el que quiera, y que se vaya a utilizar esto como base para intentar impedir una operación privada.

El banco de inversión y gestor Alantra ha sido de los pocos que se han pronunciado en público: «Recientemente hemos visto intervención política en Italia contra la operación entre Unicredit y BPM, y lo mismo podría suceder en España si se imponen condiciones discrecionales para frustrar la operación. Si esto ocurre, España corre el riesgo de convertirse en otra Venezuela, lo que supondría un duro golpe tanto para el sector bancario como para el mercado bursátil español».

Fuentes bancarias se muestran muy sorprendidas por una consulta que califican de «inaudita» ya que lo que habría que hacer es respetar la resolución de la CNMC. De hecho, fuentes financieras apuntan a que en la CNMC también han vivido con extrañeza el intento del Gobierno por enmendar su informe. «Es meter ruido al proceso y muy negativo para el funcionamiento del mercado», apuntan en el sector bancario, para añadir que es «populismo barato». «Es un intervencionismo lamentable, también con el tema político de Cataluña. Cuando fue lo de Caixabank y Bankia nadie dijo nada», añaden.

Otras fuentes del mercado tildan de «mensaje horripilante» que esta consulta pública se celebre, y la consideran totalmente «arbitraria». Inversores consultados por este periódico destacan que el formulario está fuera de lugar. Hay quien califica esto de «paripé» del Gobierno y apuntan incluso a que casi es una dejación de funciones del Ejecutivo, que delega en la sociedad una decisión que es exclusivamente suya.

Eduardo Breña, presidente del Sindicato de Accionistas Minoritarios, es otra de las pocas voces que carga en público contra la maniobra del Ejecutivo: «Resulta del todo improcedente. El ejercicio del poder ejecutivo requiere tomar decisiones y asumir responsabilidades y si el Gobierno sufre presiones, ello no debe perjudicar al sistema financiero español y a los accionistas institucionales y minoritarios afectados, los de BBVA y Sabadel, que son quienes deben decidir», informa Bruno Pérez.

Y no solo el 'modus operandi' de La Moncloa despierta recelos en el mundo económico de Madrid, sino también en Barcelona, que está entregada a apoyar al Sabadell. Pero incluso en la Ciudad Condal ven un disparate una consulta como esta, según fuentes cercanas al propio Sabadell.

En la consulta, el Ministerio de Economía pide identificarse y dar un correo electrónico. «¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?», es la primera de las preguntas, para responder con un 'sí' o un 'no'. A partir de ahí se abren más cuestiones, hasta un total de seis, entre las que se pide detallar los criterios contra los que atenta la opa, estimar el impacto que se generaría por la misma y qué propuestas serían adecuadas para evitar que se dañe el interés general. El ministro Carlos Cuerpo defendió ayer la legalidad de la consulta y que lo hacen para dar voz a todos aquellos a los que la CNMC no preguntó, informa Àlex Gubern.

Entre los empresarios, el rechazo a la consulta también es total. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, destacó ayer en una entrevista en Telecinco que «en cierta medida es descalificar a la CNMC» porque enmienda su resolución, crea inseguridad jurídica y supone una renuncia del Gobierno a su propia responsabilidad de tomar la decisión. «Si no, es que sobran todas las instituciones y vamos al asambleísmo puro, y ya está», zanjó, según informa Xavier Vilaltella.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó también ayer desde Barcelona esta forma de actuar. «Me gusta la competencia bancaria pero mi opinión personal no tiene relevancia, lo importante es respetar el proceso», dijo Feijóo, quien lamentó «este proceder» de Sánchez, pues «no me parece serio ni aconsejable ante decisiones tan complicadas», según informa Daniel Tercero. Se mostró preocupado por el precedente que crea en España, aunque un día antes los populares se habían puesto de perfil sin llegar a criticar la decisión de manera explícita.