El despacho que quiere tumbar la consulta del Gobierno sobre la opa de BBVA: «Los datos son fraudulentos»

-¿Hasta dónde piensan llevar este tema? ¿Hasta el Supremo, el Constitucional, el Tribunal Europeo?

-Hasta el final. Este tipo de cuestiones surgen porque tenemos un Gobierno que continuamente está adoptando decisiones que al entorno intelectual jurídico le resultan alarmantes por el ataque a las instituciones, a la democracia, al orden constitucional. Podríamos haber escrito un artículo que es lo que habitualmente hacemos los académicos. Pero siendo abogados y habiendo dado el ministro legitimación a los ciudadanos de a pie para plantear un recurso contra esa actuación pensamos que por qué no íbamos a actuar. El Gobierno está dilapidando absolutamente las instituciones del orden democrático. Creemos que cada ciudadano, en su esfera de actuación, tiene que hacer lo que pueda para evitar que eso pase.

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Daniel Caballero y Ana Sánchez

-Esta consulta puede sentar un precedente para intervenir a conveniencia en operaciones empresariales.

-No creo que sólo en operaciones. Para mí el riesgo es mucho más elevado porque terminamos en el concepto de democracia, el concepto de Estado de Derecho. Nadie en su sano juicio va a estar en contra de las consultas ciudadanas. De hecho, los procedimientos reglamentarios y legislativos y la ley del Gobierno prevé las consultas. Con lo que nos metemos es con que este tipo de instrumentos se pueda usar para dar una legitimidad falsa a actuaciones que desarrolla el Gobierno. Los totalitarismos, las dictaduras, funcionan a través de dar apariencia de participación al público a través, como en este caso, de consultas sesgadas, capciosas.

-¿Ha tenido garantías esta consulta?

-Ninguna. Ningún tipo de garantía de autentificación. Es una de las cuestiones que nos llamaban la atención que para cualquier trámite con la administración pública te exigen clave, certificado digital, te tienes que identificar. Sin embargo, para la consulta no. Esto lo que permitía era que hubiese duplicidad de personas que se inscribían con DNI falsos. El ministro habló de comprobar la veracidad de la identificación de la persona física que está detrás y estamos deseando ver esos procedimientos para depurar las encuestas. Si alguien te suplanta la identidad y tú has planteado tu posición en ese formulario. ¿Cuál es la buena de las dos? ¿Cuál quitan? ¿Hay un programa informático que vaya a identificar cuál es la posición real y cuál no? Eso es falso. ¿Luego, cuál era el objetivo? ¿Facilitar la participación? ¿De quién? ¿De una persona sin formación que opina sobre el interés general? A mí lo que me da miedo no es tanto esto sino lo que puede venir después. ¿Para qué van a utilizar este tipo de procedimiento tan torticero? Esto no se ha visto nunca.

-¿Piensan que los datos pueden ser fraudulentos?

-Sin duda. Es imposible comprobar su veracidad.

-El Gobierno está perjudicando entonces a los pequeños accionistas de BBVA.

-Y a los de Sabadell. Y a los grandes accionistas. Yo creo que a todos. El artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia creemos que no habilita al Gobierno a tomar decisiones en relación con operaciones de este tipo que impidan o que dificulten una operación sino en el sentido opuesto, facilitar una operación, no impedirla porque se estaría afectando a un derecho fundamental, el de libertad de empresa. Si el Gobierno lo utiliza para intentar hacer fracasar la opa ¿quién va a pagar la fiesta? Si BBVA interpone una demanda millonaria contra el Estado por esa actuación lo vamos a pagar los ciudadanos. Los actos tienen que ser revisables ante la jurisdicción y si el Gobierno pasa la línea, la jurisdicción tiene que actuar, y eso va a redundar en un sistema democrático más saneado.

-¿A día de hoy se han puesto en contacto con ustedes desde el Gobierno?

-No, ni lo esperamos tampoco.

-Dicen en su recurso que se vulnera el principio de igualdad, ¿por qué?

-Por la forma en la que articularon la consulta, totalmente orientada a lo que ellos consideran oportuno. Si consideras que afecta al interés general se te abre un cuestionario en el que puedes motivarlo. Si piensas que no afecta, no lo puedes argumentar. Está orientada a torpedear la opa. Y la apariencia que tiene es de improvisación.

-¿Creen que supone un problema para la seguridad jurídica y para los inversores en España?

-Es un mensaje a los mercados horrible, de país bananero y eso afecta a nuestros mercados y a nuestra credibilidad. Aquí resulta que en las operaciones termina interviniendo el Gobierno...

-¿Por qué creen que el Gobierno está actuando así?

-Por razones espurias: intereses que parece que son de carácter de índole político. El Gobierno propicia esta situación como consecuencia de que necesita votos para poder gobernar.

-¿Confían en que se admitan medidas cautelarísimas o cautelares?

-Es muy complicado pero creemos que podrían tener viabilidad. El control entre poderes del Estado es imprescindible. De lo contrario vamos a un abismo difícil. Actualmente, con un Gobierno que está al margen de la legalidad en nuestra opinión, en reiteradas ocasiones y en esos aspectos, los tribunales actúan y dan la batalla continuamente, es encomiable.