El impacto la pandemia en las okupaciones: mil casos más al año e interés por pisos habitados

Antes de la pandemia, en 2019, las okupaciones se situaban en 5.038 casos anuales. Una cifra que apenas varió en 2020... pero que se disparó un 20% el año pasado, hasta los 6.016 casos.

Más de un tercio de esta cifra corresponden a allanamientos de morada. Es decir, okupaciones de viviendas habitadas. El año pasado se produjeron 2.360 allanamientos, lo que supone un 33% más que en 2020 y un 44% más que en 2018, el año de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. El resto de casos (3.656) corresponden a usurpaciones, es decir, okupaciones de inmuebles sin habitar. En 2022, ambas modalidades mantienen su tendencia de crecimineto. Hasta julio, último mes registrado, se produjeron 2.147 usurpaciones y 1.286 allanamientos de morada.

Todos estos datos proceden del Sistema Estadístico de Criminalidad y son los escogidos por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes para reflejar el estado real de las okupaciones en España. Las cifras están incluidas en una respuesta parlamentaria realizada en el Senado y dirigida a Carles Mulet, de Compromís. Mulet pidió que el Gobierno difundiera los datos reales de okupaciones «para demostrar si la preocupación sobre la okupación de viviendas es real o esto forma parte de un negocio de las empresas de alarmas con importante aparato mediático». La respuesta del Ejecutivo, sin embargo, demuestra que las okupaciones han crecido casi de forma ininterrumpida desde 2010, cuando el Gobierno contabilizó 1.267 casos de ocupación.

Sobre todo, en el caso de las viviendas habitadas. En 2010, el Sistema Estadístico de Criminalidad recogió 340 casos de allanamientos, por los 2.360 del año pasado. En 2015 y 2016 se produjo un descenso de los casos, coincidiendo con los primeros años de la recuperación económica. Pero desde entonces las cifras no han dejado de crecer. El Gobierno avisa, eso sí, de que «en el Sistema Estadístico de Criminalidad el campo relativo al uso de la vivienda no es de cumplimentación obligatoria, por lo que estas cifras pueden no coincidir con los datos disponibles de totales de viviendas ocupadas».

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La Secretaría de Estado recuerda que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan de forma radicalmente distinta en el caso de los allanamientos y las usurpaciones. En el caso de los allanamientos, se actúa de forma «urgente y perentoria, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y este haya presentado una denuncia». En cambio, en el caso de las usurpaciones, la actuación está sujeta a una orden judicial de desalojo previa, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación.

El Ejecutivo también recoge en su respuesta parlamentaria la cifra referente a juicios verbales por okupación ilegal de viviendas ingresados en los juzgados de primera instancia. En este caso sí que se aprecia una tendencia a la baja, porque en 2019 se registraron 4.017 casos y en 2021, 3.479. Hasta julio de este año, el Consejo General del Poder Judicial contabilizó 1.519 casos.

Las asociaciones de propietarios han advertido de que la prohibición de los desahucios, aprobada a finales de 2020, ha blindado a los okupas considerados como vulnerables, impulsando así esta lacra social. Organizaciones como Asval denuncian que esta medida iba a ser temporal y finalmente se ha convertido en algo estructural.

Desde colectivos como el Sindicato de Inquilinos, en cambio, piden un avance mayor en la legislación al Gobierno y arguyen que todavía se siguen produciendo en España «miles de desahucios» pese al veto del Ejecutivo.