La opa de BBVA queda en el aire tras prohibir el Gobierno la fusión inminente con Banco Sabadell

El ministro Cuerpo explicó que autorizan la operación «con la condición de que durante tres años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad». Una sola condición general que, de facto, supone obligar a la entidad vasca a mantener vivo el Sabadell durante ese periodo ya que se veta la fusión posterior a la opa que pretende la entidad vasca. Por lo demás, Cuerpo dijo que mantienen el resto de compromisos aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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Lo que pretende el ministro de Economía es que, manteniendo separadas y con autonomía las dos entidades, el Sabadell podría mantener su negocio, su estrategia a grandes rasgos, su implantación en el territorio y proteger el empleo. La obligación de mantener dos bancos implica que no serían necesarios procesos de despido en el marco de esta operación; a lo que se refiere el ministro es a que los ERE masivos, como en Caixabank-Bankia, se dan cuando hay fusión, con lo que si esa fusión se impide, los despidos también se evitan. Lo mismo ocurriría con respecto a la red de oficinas, ya que sin fusión no habría necesidad de ajustar la red. «La autonomía en la gestión de su actividad se deberá concretar, al menos, en el mantenimiento de una gestión y toma de decisión autónoma en relación con las decisiones que afecten a la política de: financiación y crédito, en particular a pymes; recursos humanos; red de oficinas y servicios bancarios; obra social a través de sus respectivas fundaciones», dijo el ministerio.

La única prohibición real que existe es la de fusionar ambos bancos ya que no puede impedir despidos o cierre de oficinas, según fuentes cercanas al Gobierno. En el Ejecutivo confían en que BBVA acatará el espíritu de su razonamiento de que sin fusión no hay necesidad de hacer un ERE.

Así las cosas, el hecho de obligar a BBVA a mantener dos entidades separadas cambia el panorama ya que era una condición que no se esperaba en este momento sino en uno posterior, porque el veto a la fusión en realidad el Gobierno lo tendría que adoptar, si quisiera, una vez los vascos lo solicitaran oficialmente tras triunfar en la opa. Lo que ha hecho el Ejecutivo es, en suma, aprobar como condición lo que le habilita la ley en una fase posterior.

Hacer este movimiento en plena opa supone trastocar en buena medida los planes de BBVA ya que le obliga a recalcular la opa y evaluar si esta continúa siendo viable. Fuentes financieras sostienen que la operación está sujeta ahora a una enorme incerti- dumbre, y que todo dependerá, en gran medida del empeño del presidente de BBVA, Carlos Torres.

Estas fuentes apuntan a que el banco vasco tendrá que afinar mucho más ahora sus cálculos sobre la operación ya que un escenario de no fusión no está del todo reflejado en la información que contempla BBVA; el garante de que se dé toda la información al mercado será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco vasco sí reconoce que el impacto en capital pasaría de 51 puntos básicos a 62 puntos básicos en caso de no fusión. En cuanto a costes de reestructuración, estos se estiman, con la fusión, en 1.450 millones de euros. Y el valor de las sinergias con unión sería de 850 millones. En gran medida, las sinergias están asociadas a ahorros en tecnología y sistemas y otros gastos generales, señala BBVA. Y aquí entra un aspecto importante con el que tratan de rebatir a todos aquellos analistas y al propio Banco Sabadell, que cuestionan que puedan lograr las sinergias aun sin fusión: el BBVA, y así lo refleja en su web informativa, dice que «incluso sin fusión, la operación sigue siendo atractiva pues se conseguirían la mayoría de las sinergias».

En cualquier caso, BBVA confirma que se encuentra en estos momentos evaluando si puede seguir adelante con la opa. En las últimas semanas su presidente ya había deslizado en algunas intervenciones públicas que tienen la posibilidad legal de dar marcha atrás si las condiciones son demasiado gravosas -o por la venta de la filial británica TSB que pretende el Sabadell en plena operación-. El banco vasco evalúa si la opa sigue siendo viable, aunque en múltiples ocasiones ha sostenido en público y en privado que una operación sin unión no sería una catástrofe; la decisión deberá adoptarla en un consejo de administración. Todas las opciones están abiertas en la entidad dirigida por Carlos Torres, desde desistir hasta llevar a los tribunales al Gobierno de Pedro Sánchez.

El problema, más a futuro, radicaría en que el PSOE se mantuviera en el gobierno más de lo previsto. La baza real con la que el Gobierno apuesta a forzar la máquina contra la opa es la que ha utilizado en el Consejo de Ministros. Ya ha desvelado todas sus cartas y las mantendrá destapadas mientras dure la prohibición de la fusión.

En este sentido, fuentes gubernamentales apuntan a que el veto a la fusión es de tres años. Los dos años adicionales se activarían en caso de que BBVA no cumpliera con la «autonomía» que exige el Gobierno para el Sabadell. Y las fuentes van incluso más allá: en caso de gobernar los socialistas, cabría la posibilidad de vetar la fusión incluso más de cinco años.

En lo que no se meterá el Ejecutivo es en el control que ejercería BBVA sobre el Sabadell en lo que respecta a sus órganos de máxima decisión. El consejo de administración de la opada sí lo podría nombrar el BBVA, desde el presidente o el CEO hasta los consejeros.