Un español, en el corredor de la muerte de la mayor prisión de Filipinas
BARCELONA. En septiembre de 1997 Francisco Larrañaga Osmaya fue detenido bajo las acusaciones de rapto y violación de las hermanas Marijoy y Jacqueline Chiong, el 16 de julio anterior, en la isla filipina de Cebú. Tenía 19 años cuando fue acusado, junto a otros seis hombres, de este crimen, e internado en la prisión de New Bilibid, la mayor penitenciaria del sureste asiático. El pasado 4 de febrero, siete años después, Paco Larrañaga fue condenado a muerte por inyección letal por el Tribunal Supremo de Filipinas por el rapto y asesinato de las hermanas Chiong.
La condena ya ha sido recurrida, y aunque el Alto Tribunal filipino tiene cuatro años para revisar el caso, los precedentes indican que la apelación podría cerrarse en dos meses. Además, la inminencia de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar en mayo, podría acelerar la sentencia, según afirma la familia Larrañaga, que teme que la enorme incidencia que este caso ha tenido en la opinión pública filipina lo convierta en parte de la campaña electoral. En todo caso, si se confirma la condena, la legislación filipina impone un plazo de 18 meses para ejecutar la pena a partir del momento en que se resuelva la apelación.
Durante estos siete años en los que Larrañaga no ha abandonado una penitenciaría en la que se hacinan 16.000 almas, se ha seguido un proceso «plagado de irregularidades» según la defensa, que ahora ve como su única esperanza la apelación ante el Alto Tribunal, presentada el 4 de marzo. La acusación se sustenta en el único testimonio de David Valiente Rusia un pequeño delincuente que afirma haber participado en el secuestro pero no en el asesinato de las dos hermanas y que ha señalado como culpables a los siete condenados a cambio de inmunidad.
Según el sumario, las hermanas Chiong, de 19 y 21 años, fueron secuestradas, trasladadas a una casa de las afueras de la ciudad y violadas, golpeadas y humilladas en lo que la Policía describe como una «orgía de vejaciones». Un crimen que ha encendido a la opinión pública filipina, que reclama ya la ejecución de las penas de muerte.
Sin embargo, Larrañaga sostiene que él se encontraba en Manila, situada en la isla de Luzón, a 300 kilómetros de la isla de Cebú, cuando se produjo el crimen. Su defensa presentó 35 testigos y las listas de pasajeros de todas las compañías aéreas que cubren la ruta entre ambas islas para demostrar que Larrañaga no estaba en Cebú. Pero el juez instructor consideró que el acusado podría haber volado en avión privado -las condiciones meteorológicas hacían imposible el traslado por mar- aunque los aeropuertos afirman que ese vuelo no se produjo.
La condena se sustenta además en una acusación de doble asesinato que el TS ha considerado probado pese a que sólo se ha encontrado el cadáver que supuestamente pertenece a Marijoy Chiong, al que no se han practicado pruebas de ADN y que nunca fue examinado por la defensa, que duda de esa identificación. De hecho, no hay ninguna prueba física en contra de los acusados. Son las principales irregularidades de una instrucción que también ha sido puesta en duda por Florencio Omaña Villarín, ex director regional del NBI -el FBI filipino- cuyas investigaciones apuntaban a un grupo de narcotráfico presuntamente relacionado con el padre de las víctimas.
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