Una 'patera taxi' pillada en Formentera: 8.000 euros por un viaje sin agua, comida ni chaleco salvavidas
Dos patrones argelinos, detenidos tras pilotar una embarcación con 16 migrantes rumbo a Alicante en una nueva modalidad que profesionaliza las rutas ilegales con escalas, cobros previos y viajes de retorno
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La ruta migratoria desde Argelia hacia Baleares sigue en aumento, y las mafias operan cada vez con más sofisticación, ofreciendo traslados «puerta a puerta», escalas elegidas y pagos cerrados. A cambio, un billete sin garantías a bordo de embarcaciones pensadas para regresar y repetir: como un taxi del mar.
En este contexto, la Policía Nacional ha detenido en Baleares a dos ciudadanos argelinos acusados de patronear una embarcación precaria con 16 migrantes a bordo -dos de ellos menores- en plena ruta argelina, cada vez más activa y profesionalizada. La travesía, sin agua potable, sin comida y sin una sola medida de seguridad, tenía el plan de desembarcar en Formentera, dispersarse por la isla y esperar el siguiente salto hacia la Península. No era una patera al uso sino un 'taxi del mar'.
El operativo policial permitió reconstruir el engranaje de una organización que cobra hasta 8.000 euros por cabeza, en moneda argelina, a cambio de un pasaje que comienza en viviendas intermedias -utilizadas como puntos de encuentro- y termina en una playa del Mediterráneo occidental. Allí, sin más rumbo que el horizonte y sin chaleco salvavidas, los migrantes eran subidos a bordo tras entrevistas individualizadas y previo pago.
Sistema de ida y vuelta
La embarcación recaló en Es Caló, en la costa norte de Formentera. Los agentes de la UCRIF -unidad contra las redes de inmigración ilegal- confirmaron que no era un desembarco aislado, sino que formaba parte de una estructura que reutiliza las embarcaciones. Un sistema de ida y vuelta que deja a los pasajeros en tierra y regresa a Argelia para volver a cargar.
El plan esta vez pasaba por continuar hasta Alicante, pero los dos patrones, también argelinos, fueron interceptados y detenidos. Han ingresado en prisión en Ibiza como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento a la inmigración ilegal
El perfil de los detenidos revela el nivel de negligencia con el que operan estas mafias. Ninguno tenía formación náutica, ni conocimientos básicos para navegar fuera de la vista de la costa. Tampoco contaban con radio, ni con nociones de supervivencia. La patera iba sobrecargada, sin elementos de seguridad y con bidones de gasolina amontonados junto a los pasajeros.
Según los últimos datos oficiales, en lo que va de 2025 han llegado a las Islas Baleares 2.953 inmigrantes irregulares. Si la tendencia se mantiene, la cifra podría acercarse al récord alcanzado en 2024, cuando se contabilizaron cerca de 6.000 llegadas.
Formentera, el punto débil
Frente al repunte migratorio, el Gobierno balear ha exigido refuerzos. Este martes, la presidenta Marga Prohens pidió públicamente la intervención de Frontex y denunció el abandono del archipiélago por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. «Estamos ante una mafia perfectamente organizada y necesitamos que el Gobierno de España actúe ya», advirtió refiriéndose a un vídeo grabado por vecinos de Mallorca en el que se ve cómo una furgoneta espera la llegada de una patera a la costa para cargar a los inmigrantes y llevárselos antes de que lleguen los cuerpos de seguridad.
La presión migratoria en Baleares era un fenómeno aislado hasta la época de pandemia, cuando la ruta desde Argelia fue en aumento. En 2024 Formentera se ha convertido en uno de sus principales puntos de entrada, tal y como informó ABC, debido a la ausencia de radar SIVE y de policías nacionales, su escasa población, los 70 kilómetros de costa y la existencia de apenas 30 guardias civiles para vigilarla.
Las mafias han captado todas sus debilidades e incluso usan los taxis patera, que en vez dejar la embarcación varada, la reutilizan para regresar a por más inmigrantes. «Que se atrevan a este método es porque son conscientes de nuestra falta de medios para controlarlo», explicó a ABC Tomás Quesada, portavoz de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL).
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