España, único país de los Veintisiete que bloquea la normativa electoral común para evitar europarlamentarios 'piratas'

Las elecciones europeas se rigen por una combinación de las leyes nacionales que a su vez han de conjugarse con normas comunes a todos los países. Por ello es necesario que una vez aprobada por el trámite legislativo ordinario en la UE, estas reglas sean aplicadas por todos los países, que entonces han de adaptar sus legislaciones nacionales a los mismos parámetros. En caso de que un país no lo haga, dejan de ser reglas comunes y por tanto ninguno está obligado a aplicarlas.

Teniendo en cuenta la velocidad de la vida política y la lentitud del procedimiento legislativo, no es raro que en este tiempo el Parlamento Europeo ya haya intentado poner en circulación una nueva reforma que incluye varias novedades como la posibilidad de que los ciudadanos voten en dos urnas, una con los candidatos nacionales y una segunda en la que figurarían candidaturas originarias de todos los países y que serviría para elegir al presidente de la Comisión Europea. Esta idea había sido promovida por el presidente francés Emmanuel Macron para sustituir el sistema del 'spitzenkandidat' o (candidato principal) que él mismo dinamitó en 2019, cuando se negó a aceptar al popular alemán Manfred Weber, a pesar de que el PPE había ganado las elecciones llevándolo como candidato.

Este aspecto y el hecho de que las elecciones tengan que ser obligatoriamente el 9 de mayo (Día de Europa) en todos los países, han sido los aspectos que suscitaron más controversia en el Consejo Europeo. Sin embargo, la idea de imponer un porcentaje electoral mínimo de al menos el 3,5% vuelve a aparecer en el corazón de este proyecto, votado también por los diputados socialistas españoles.

Ese porcentaje mínimo es un aspecto que apoyan casi todos los gobiernos porque ya lo tienen establecido en su legislación nacional y en muchos casos incluso en niveles más estrictos que lo que aparece en la propuesta aprobada en 2018. Es el caso de Alemania, que exige al menos un 5% de los votos para participar en el reparto de escaños como medio para evitar una excesiva fragmentación del arco parlamentario, algo que en Berlín trae recuerdos inquietantes con la desintegración de la llamada República de Weimar.

La fecha común y obligatoria no complacía a todos los países, porque cada uno tiene diferentes tradiciones, pero si había consenso para mantener el principio de las listas cremallera que distribuyen alternativamente los puestos a candidatos mujeres y hombres.

Uno de los principales impulsores de esta segunda reforma fue el eurodiputado socialista español, Domènec Ruiz Devesa, que consideraba que «aumentará la visibilidad de los partidos políticos europeos y les permitirá hacer campaña en toda la UE, para que podamos crear un debate verdaderamente paneuropeo».

Pero después del bloqueo español de la propuesta anterior, ahora el Consejo no lanza ninguna señal de tener prisa para tramitar la siguiente, porque saben seguro que el actual Gobierno español no la va a aceptar tampoco a causa de los umbrales mínimos. Por ello, a pesar de que ya tiene el visto bueno del Parlamento, no ha pasado de lo que se conoce como «un debate de orientación» entre los ministros, lo que significa que su eventual aprobación es por ahora poco más que una utopía.