Biden intenta salvar su legado conmutando 37 penas de muerte

Esta decisión se suma a la histórica cifra de 1.500 indultos otorgados a presos en libertad condicional o confinamiento domiciliario desde la pandemia, la mayor en la historia reciente de Estados Unidos. Biden también ha perdonado a condenados por posesión de marihuana y a exmilitares expulsados del ejército bajo la normativa que penalizaba la homosexualidad.

Estas acciones parecen ser un intento de Biden por cerrar con un legado más sólido, en contraste con la percepción de un final de mandato marcado por la baja popularidad. Llegó con la ambición de ser un presidente transformador, unificador tras el turbulento mandato de Trump. Sin embargo, su legado apunta más a ser una presidencia de transición, un paréntesis en medio de una era dominada por Trump.

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David Alandete | Corresponsal en Washington

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El punto más bajo de la popularidad de Joe Biden, que actualmente se sitúa en un 37%, se ha alcanzado tras su polémico indulto a su hijo Hunter, abarcando todos los delitos que pudiera haber cometido en la última década. Justificó la decisión como una medida para proteger a su hijo de lo que calificó como una persecución política encabezada por Trump y sus aliados. Hunter Biden se enfrentaba a cargos por fraude fiscal y posesión ilícita de armas.

El presidente, el segundo católico en la historia de Estados Unidos tras John F. Kennedy, también ha citado su fe como un factor clave para conmutar la pena de muerte a los 37 reos del corredor federal de la muerte. Este giro representa un cambio notable respecto a su historial como senador, cuando se destacaba por su firmeza en la aplicación de penas severas, incluidas las ejecuciones en casos de especial gravedad.

El cambio en la postura de Biden respecto a la pena capital contrasta con su evolución en el tema del aborto. Durante décadas, se opuso abiertamente a esta práctica, pero ya como presidente, adoptó una posición más favorable para alinearse con el ala progresista de su partido, crucial para lograr la aprobación de sus reformas más ambiciosas en el Capitolio.

Durante su campaña electoral, Biden prometió abolir la pena de muerte, pero pronto descubrió que hacerlo no es tan sencillo. Aunque su equipo consideró un decreto al respecto, la medida habría sido impugnada judicialmente y ni siquiera se planteó formalmente ante el Congreso. Para modificar la Constitución, un proceso que requiere una mayoría calificada en el Legislativo y la ratificación por parte de los estados de la Unión.

Según Gallup, el apoyo a la pena de muerte para los condenados por asesinato ha caído significativamente, del 80% en 1994 al 53% el año pasado. Además, en noviembre, una encuesta adicional de la misma casa reveló que, por primera vez, más estadounidenses creen que la pena capital se aplica de manera injusta: un 50% frente a un 47%.

Tres reos permanecerán en el corredor de la muerte: Robert Bowers, sentenciado por el tiroteo masivo en la sinagoga Tree of Life de Pensilvania, que dejó 11 muertos; Dylann Roof, sentenciado por el asesinato de nueve feligreses en una iglesia de Carolina del Sur, y Dzhokhar Tsarnaev, sentenciado por los atentados en la maratón de Boston que causaron tres muertos y dejaron más de 260 heridos.

Entre los presos a los que Biden sí ha salvado de la pena de muerte hay casos extremos, incluyendo homicidios relacionados con delitos violentos como asesinatos en prisiones, robos bancarios, secuestros y homicidios relacionados con drogas. Por ejemplo, Ricardo Sánchez Jr. y Daniel Troya fueron condenados por el asesinato de una familia completa, incluidos dos niños, en un crimen vinculado al tráfico de drogas en Florida. Thomas Steven Sanders fue condenado por el secuestro y asesinato de una niña de 12 años.

El traficante de drogas de Filadelfia Kaboni Savage fue condenado por haber asesinado personalmente o haber ordenado la muerte de 12 personas. Iouri Mikhel fue condenado por asesinar a cinco inmigrantes de Europa del Este tras haberlos secuestrado y pedido un rescate. Esto no supone que Biden haya acabado con la pena de muerte. En EE.UU., aplican esta condena 27 de los 50 estados, además del gobierno federal y las fuerzas armadas. Hay 2.180 personas esperando la ejecución. En 2024, 25 de esos reos fueron ejecutados.

El método prioritario es una inyección letal, aunque también se pueden aplicar la silla eléctrica, cámara de gas o hasta ahorcamiento. Entre 1972 y 1976 hubo una moratoria nacional por un fallo del Supremo. Desde su levantamiento, han muerto ajusticiadas 1.607 personas. La decisión de Biden no afecta a los condenados en los diversos estados. En un comunicado, el presidente ya avanzó las críticas por esta decisión: «Condeno las acciones de los reos, todos ellos responsables de homicidio. Pero, guiado por mi conciencia y mi experiencia como defensor público, presidente del Comité Judicial del Senado, vicepresidente y ahora presidente, estoy más convencido que nunca de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal. En conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que una nueva administración reanude las ejecuciones».

La decisión de Biden al final de su mandato, en un periodo marcado por una agenda mínima y su evidente ausencia de la escena política, contrasta con las promesas de Trump, quien aboga por ampliar el uso de la pena de muerte. El presidente electo ha defendido la pena capital, calificándola como un elemento disuasorio eficaz, y ha llegado a proponer su aplicación automática para inmigrantes indocumentados hallados culpables de homicidio.