El Gobierno desoye la recomendación de hacer más independientes a los inspectores de Educación

Gutiérrez, junto con numerosas voces dentro del ámbito educativo, lleva años reclamando una mayor imparcialidad en el nombramiento de algunos de los llamados inspectores accidentales, que es como se denomina oficialmente a aquellos que no aprobaron una oposición. Por eso, el gremio esperaba que el real decreto sobre inspección educativa atajara el problema de la falta de independencia que, en última instancia, perjudica al alumno.

El borrador definitivo de la norma, al que ha tenido acceso ABC, se llevará hoy a la mesa de trabajo sectorial antes de su futura aprobación. Sin embargo, llama la atención que el Gobierno no haya incorporado ninguna de las alegaciones que el Consejo Escolar del Estado realizó sobre un primer borrador del texto en el mes de agosto.

En concreto, la recomendación referida a la dependencia de la inspección educativa, que se recoge en su artículo 9 y que ha sido totalmente ignorada. El Consejo Escolar de Estado sugirió: «Para garantizar la imparcialidad e independencia de criterio técnico, se evitará la libre designación como método de provisión de cargos en la estructura de la inspección de educación, se pondrá especial atención a los motivos de abstención legalmente establecidos y las administraciones educativas velarán porque no se dé ninguna circunstancia que pueda suponer un conflicto de intereses». Pero, el Gobierno, decíamos, no ha considerado oportuno añadirla. «El Ministerio tendrá que dar explicaciones», expresa Ramón Izquierdo Castillejo, que también forma parte del Consejo Escolar de Estado y ha estado presente en todas las reuniones en las que se ha debatido en torno al real decreto.

Ayer mismo, los de Alegría mandaron una última versión de un borrador en el que la cuestión de los inspectores accidentales «quedaba abierta o, al menos, no taxativamente clara», indica Izquierdo, que argumenta que en la recomendación «se planteó la imparcialidad a la hora de llenar plazas vacantes para, sobre todo, evitar problemas futuros».

En opinión de Jesús Madorrán, al frente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (Usie), el gesto del ministerio denota un «preocupante desprecio hacia los órganos consultivos del Estado». Para atajar la falta de imparcialidad en el cuerpo, las asociaciones sindicales han propuesto en varias ocasiones establecer un tope máximo en el número de inspectores sin oposición que puede tener la Administración y que ven oportuno fijar entre el 8 o el 15%.

«La solución de establecer un porcentaje máximo es clara y funcionaría, pero este Gobierno no quiere hablar de los problemas fundamentales. El borrador definitivo de este real decreto no es más que una lista de deseos sin una verdadera implicación», lamenta Gutiérrez.

Además, recuerda que los inspectores de educación son un cuerpo sin poder real, pues no son ellos los encargados de sancionar a un centro, sino de proponer una sanción. Si a esto se le suma el 'conflicto de intereses' de proponer una sanción que puede poner en peligro el puesto de trabajo, la falta de independencia se agrava.