La Generalitat controlará la frontera con Francia si se suspende el espacio Schengen

Además de las incógnitas y el giro ideológico del PSOE en este ámbito, así como la gestión integral de la inmigración que asume la Generalitat y el control compartido de los Mossos d'Esquadra en puertos y aeropuertos, el texto da al presidente autonómico catalán, en tanto que máxima autoridad policial, el control (material y operativo) de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de la de los Mossos, en caso de que España suspenda temporalmente el espacio Schengen en la frontera con Francia.

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El artículo 9, puntos 1 y 2, de la propuesta de ley orgánica hacen referencia básicamente al «acceso al espacio Schengen de ciudadanos de terceros países». El texto concreta la delegación de competencias a la Generalitat para ejecutar la normativa nacional «en materia de devolución de fronteras» para los extranjeros en el territorio catalán, en función de lo recogido en el artículo 6 de la misma propuesta que se debatirá en la Cámara Baja, que especifica a su vez que las deportaciones que ahora corren a cargo de la Policía Nacional o la Guardia Civil las harán los Mossos d'Esquadra.

Estas funciones, en cualquier caso, se llevarán a cabo en puertos y aeropuertos en los «puestos habilitados» para tal efecto y «en colaboración» con la Benemérita y la Policía Nacional. Pero, eso sí, de acuerdo a los criterios que se establezcan en la Junta de Seguridad de Cataluña, instrumento de seguridad pública detallado en el artículo 164.4 del Estatuto de Autonomía, y que preside el presidente de la Generalitat, que es por lo tanto la autoridad política que tiene la última palabra, a pesar de que las decisiones a adoptar, se entiende, son técnicas.

De una forma similar, el punto 3 del artículo 9, que señala que en caso de que se suspenda el espacio Schengen en la frontera española con Francia por Cataluña -según se recoge en la normativa Schengen, artículos 25 y siguientes- será el presidente autonómico el que tenga la última palabra a través de la Junta de Seguridad, define que será este instrumento el que asuma la «materialización» y la «operatividad» del restablecimiento de las fronteras internas de la Unión Europea que «afecten a Cataluña».

Y será el 'president' porque así lo recoge, además de recordarlo la propuesta de ley orgánica, el Estatuto de Autonomía en su artículo 164.4, que es citado en la iniciativa de los socialistas y los independentistas. En este punto estatutario, sobre la seguridad pública, el epígrafe cuarto señala que: «La Generalitat participa, mediante una Junta de Seguridad de composición paritaria entre la Generalitat y el Estado y presidida por el Presidente de la Generalitat, en la coordinación de las políticas de seguridad y de la actividad de los cuerpos policiales del Estado y de Cataluña, así como en el intercambio de información en el ámbito internacional y en las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países. La Generalitat, de acuerdo con el Estado, estará presente en los grupos de trabajo de colaboración con las policías de otros países en que participe el Estado».

Fuentes policiales consultadas por este diario confirman que, según está redactada la propuesta de ley orgánica pactada por PSOE y Junts, en caso de que se suspenda la libre circulación de personas y mercancías y se establezcan los controles en la fronteras terrestres (en causas justificadas por amenazas terroristas o, por ejemplo, grandes eventos) la fuerza policial que se hará cargo de la operación «se decidirá en la Junta de Seguridad y en los órganos de coordinación que de ella se derivan y que utilizamos en Cataluña para coordinarnos». Una decisiones que, aseguran, en cualquier caso serán «profesionales», confían.