El PP forzará al PSOE a votar la unidad de España ante el 'efecto Zapatero'

Por eso, cuando el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero concedió una entrevista a 'La Vanguardia' el 6 de abril, en Génova la leyeron con tanta atención como preocupación. En la sede nacional del PP saltaron las alarmas tras reconocer el socialista, sin tapujos, que negocia con Puigdemont, por encargo del Ejecutivo, «el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña». «Dicho sin eufemismos, el reconocimiento de Cataluña como nación», exponen en el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja.

En este contexto, en una legislatura que no se explica sin la ley de amnistía regalada al separatismo catalán a cambio de los siete votos de Junts per Catalunya en la investidura de Sánchez, el Grupo Parlamentario Popular registró una proposición no de ley el 25 de abril, a la que ha tenido acceso ABC, en la que pide algo tan básico y revolucionario como reivindicar el artículo 2 de la Constitución. Algo que debería darse por sentado, de no ser porque el Ejecutivo sustenta su mayoría a base de cesiones a ERC, Junts, Bildu y PNV, entre otros partidos.

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Carlos Mullor

Ese precepto constitucional reza lo siguiente: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». La Carta Magna, de forma expresa, diferencia claramente entre nación, que solo hay una y es la española, y los conceptos de nacionalidades y regiones, que admiten la autonomía de las comunidades que se establecieron en el país con posterioridad a la aprobación de la propia ley de leyes.

Ese «reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña» se interpreta en el PP como un misil a la línea de flotación de la unidad de España y de la soberanía nacional también recogida en la Carta Magna. Los populares reaccionan con el registro de la citada proposición no de ley en la Comisión Constitucional del Congreso, donde, a pesar de ser una iniciativa no vinculante que se limita a emitir un mandato al Gobierno, los diputados del PSOE se verán forzados a reafirmar su compromiso con ese precepto constitucional. Cabe tener en cuenta que cualquier paso en falso puede irritar a Puigdemont y hacer que vuelva a amenazar con romper la baraja, como sucedió en diciembre cuando reclamó a Sánchez que se sometiese a una cuestión de confianza.

El presidente del Gobierno nunca dio ese paso, pero el asunto conllevó semanas de negociaciones y de tensión, la derogación de dos reales decretos leyes y, aunque el Ejecutivo lo desligó, el registro semanas después de una proposición de ley conjunta entre el PSOE y Junts para la cesión de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña. Una política, como presumió el propio Puigdemont entonces, propia de un Estado independiente. «Cualquier modificación de este equilibrio entre unidad y autonomía debe realizarse conforme a los procedimientos de reforma constitucional establecidos, que requieren amplios consensos y garantías reforzadas», advierte el PP en la exposición de motivos de su iniciativa, tras las palabras de Zapatero.

El expresidente, en la comentada entrevista en el diario de referencia en Cataluña, enfatizaba el «compromiso» del Gobierno con ese reconocimiento a la «identidad nacional» catalana y habló de «un proceso» ya en marcha que se había iniciado, ejemplificó, con la cesión de competencias en inmigración, a lo que seguirán, adelantó, nuevas concesiones tras el verano del año 2025. El 9 de abril, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue interpelado en el Congreso y no desmintió ninguna de las palabras del exdirigente socialista.

La iniciativa popular la firman el portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso, Miguel Tellado, y los diputados Cayetana Álvarez de Toledo, siempre combativa contra el nacionalismo, y Enrique Belda. «El Gobierno está llevando a cabo, de manera opaca y al margen de los cauces parlamentarios, negociaciones que comprometen la unidad de la nación española consagrada en el artículo 2 de la Constitución», inciden.

El PP denuncia, además, que las cesiones al separatismo buscan «satisfacer» sus demandas a cambio de «mantener a Pedro Sánchez en el poder» y que eso, a su vez, otorga al secesionismo catalán «una posición de interlocutor privilegiado» frente al resto de grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara Baja. Hay un «proceso de mutación constitucional», denuncian los populares, y añaden: «Es deber del Congreso de los Diputados pronunciarse de forma clara».

De ahí la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que deja al PSOE entre la espada y la pared: o se desmarca de una defensa férrea de un artículo de la Constitución o se arriesga a soliviantar a Junts y encarecer futuras negociaciones. El PP, en dos puntos que sin contextualizar parecen ser del todo asépticos, pide que el Congreso inste al Gobierno a reafirmar, «de manera firme e inequívoca», el principio de unidad nacional garantizando que «ninguna negociación política ni decisión gubernamental socavará la soberanía única del pueblo español»; y a «abstenerse de emprender o consentir acción alguna que implique una mutación del orden constitucional vigente al margen de los procedimientos legalmente establecidos, y a defender en todo momento la integridad y la unidad del Estado». Esto se lo pide al Ejecutivo que otorgó los indultos, derogó el delito de sedición, rebajó las penas de la malversación y concedió la amnistía tras tacharla de «claramente inconstitucional».