Sánchez desautoriza a Marlaska para salvar la crisis de Gobierno por las armas israelíes

«España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes. Ni lo hará en el futuro», aseguraron fuentes del Ejecutivo. «Tras haber agotado todas las vías negociadoras, la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda y los ministerios competentes han decidido rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems», zanjaron. Y no es el único proceso de compra que se verá afectado. Los que sigan abiertos -aclararon- «no se van a ejecutar».

El anuncio se produjo poco después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hubiera adelantado que trabajaba para revertir el contrato relativo a dicha adquisición, que había provocado que desde Izquierda Unida (IU), uno de los partidos de Sumar, amenazaran abiertamente con provocar una seria crisis de Gobierno, con la baza de retirar a la titular de Infancia, Sira Rego, cuota ministerial de los comunistas.

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Mariano Alonso

El episodio ha provocado una nueva crisis de envergadura en el fragmentado espacio a la izquierda del PSOE. Anoche la mesa de partidos que constituyen Sumar se reunió, como hace de manera periódica, donde se abordaron mecanismos para mejorar el funcionamiento interno de la amalgama de partidos y que sea «más democrático hacia dentro», según fuentes del espacio, que subrayan que se trata de meras cuestiones burocráticas y de funcionamiento interno de los partidos coaligados bajo esas siglas. Sin embargo, en el seno de IU ha enfadado mucho la actuación de Díaz, que sólo un día antes había señalado que la coalición en el Gobierno gozaba «de buena salud».

Fue este miércoles cuando trascendió que el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska formalizó la adquisición de 15 millones de balas para la Guardia Civil a la empresa israelí por un importe total de 6,6 millones de euros, IVA incluido, a pesar de que el Gobierno se comprometió en octubre de 2024, cuando se conoció el acuerdo, a rescindir el contrato. Lo hizo en plena Semana Santa.

En un comunicado, Interior explicó que «tras estudiar todas las posibilidades de anulación, el ministerio ha decidido atender la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato». «La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados», proseguía.

Y aseguraba que pese al «episodio», Interior «comparte el compromiso del Gobierno español de no vender o comprar armamento al Estado israelí adquirido desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza».

Ahora, tras la decisión del Gobierno de dar marcha atrás y desautorizar al ministro Grande-Marlaska, será la Junta de inversión de material de doble uso, el órgano encargado de evaluar las operaciones relacionadas con el comercio exterior de material de defensa -dependiente del Ministerio de Economía- la que denegará a la empresa israelí IMI Systems el permiso de importación de este material a nuestro país por «razones de interés general» y, acto seguido, «el Ministerio del Interior rescindirá el contrato», aclaró el Ejecutivo.

Por su parte, la abogacía del Estado y los ministerios competentes ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones, que podrían consistir en perder la totalidad del dinero sin recibir el material. Al menos así lo aseguraba Interior hace dos días.

Este jueves, en cambio, aceptó lo que sólo 24 horas antes era inviable. Insisten en que su voluntad en todo momento fue no contratar con empresas israelíes, aunque desde el Ministerio sí se mantiene con la misma distribuidora de la munición un contrato de chalecos antibalas por valor de 319.000 euros. Lo justifican en que se trata material de autoprotección y no de armamento militar.