«Nos defenderemos en los tribunales», asegura la líder de AfD tras la amenaza de ilegalización

«Considera a los ciudadanos alemanes con un historial de migración de países musulmanes como miembros no iguales del pueblo alemán, étnicamente definido por el partido», precisaron, lo que viola el principio de dignidad humana consagrado en la Constitución. También citaban los contactos con otros grupos extremistas y gobiernos extranjeros no democráticos.

«Es un duro golpe a la democracia alemana», acusó Weidel, que recordó que AfD es la primera fuerza de la oposición en el Bundestag y que, en las encuestas actuales, aparece como el partido más votado. «Al Gobierno federal solo le quedan cuatro días en el cargo. El servicio secreto ya ni siquiera tiene presidente. Y la clasificación no ha sido concluida legalmente», criticó.

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Esta clasificación forma parte de un sistema constitucional de alerta temprana contra formaciones que quieran revertir el orden democrático. La primera y más inmediata consecuencia es que AfD puede ser vigilado, escuchado e infiltrado con agentes encubiertos por las fuerzas del orden. A sus miembros se les denegará el permiso de armas y podrían ser alejados de la función pública y actividades relacionadas con la seguridad. Esta es una grave preocupación actualmente del aparato institucional alemán.

Los grupos parlamentarios conservador (CDU) y socialdemócrata (SPD) están en contra de la presencia de AfD en la Comisión de Control Parlamentario (PKGr) de Inteligencia por considerar que «es una amenaza de seguridad para la cooperación con nuestros socios», alerta Roderich Kiesenwetter. Según el vicepresidente de la Comisión, Alemania «depende del intercambio de información con nuestros socios en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia». Teme además que algunos servicios de Inteligencia extranjeros prefieran poner fin a esa colaboración si AfD accede a la información.

Recordemos que se trata de un partido prorruso y antieuropeo, que rechaza la ayuda a Ucrania e incluye en su programa electoral su intención de sacar a Alemania del euro y, en última instancia, de la UE. Aunque se trata de un proceso largo y muy complicado, la clasificación podría conducir a la ilegalización del partido. Podrían solicitarla el Bundestag, el Bundesrat o el Gobierno Federal ante el Tribunal Constitucional Federal.

Aunque es evidente que al menos parte de AfD comparte miembros y principios con grupos de carácter anticonstitucional, la nueva clasificación es cuestionable y sus efectos contraproducentes. La ministra de Interior, Nancy Faeser, tuvo el informe en un cajón durante meses y lo ha publicado horas antes de abandonar el cargo. Fue elaborado por el expresidente de BfV, Thomas Haldenwang, que abandonó en noviembre para presentarse a las elecciones por la CDU. Es una maniobra opaca porque no se ha publicado el informe al completo.

Ilegalizar un partido político es muy difícil en el sistema democrático alemán. El proceso solo terminó con éxito contra el Partido Socialista del Reich (SRP) en 1952 y el Partido Comunista de Alemania (KPD) en 1956. Dos procedimientos contra el partido de extrema derecha NPD, rebautizado como Die Heimat en 2023, fracasaron en 2003 y en 2017. La primera vez, la supuesta dirección del NPD incluía a varios agentes encubiertos infiltrados de BfV. En la segunda, aunque el Tribunal Constitucional dictaminó que era un partido claramente anticonstitucional, también declaró que era políticamente irrelevante. En 2024, el Constitucional le denegó el acceso a más financiación estatal.