Familiares de presos venezolanos intentan llegar hasta Miraflores

Con carteles y pancartas en las que se podían leer frases como 'Nuestros hijos no son terroristas', las madres, familiares y amigos marcharon para protestar por el recrudecimiento de las condiciones de reclusión con las que el régimen penitenciario chavista somete todavía a 903 presos políticos, de los 2.200 que encarceló después del fraude electoral del pasado 28 de julio.

La protesta comenzó su recorrido en la plaza de Las Mercedes en el Panteón Nacional y al llegar a la avenida Urdaneta, a una manzana de Miraflores, sede del Gobierno de Nicolás Maduro, fue bloqueada por los agentes de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Eso no impidió a los manifestantes condenar ante los uniformados la detención de sus familiares: «Nuestros muchachos son inocentes, nuestros hijos no son ni terroristas ni delincuentes».

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El objetivo del Comité de Madres era entregar un comunicado al Gobierno de Maduro para exigir la libertad de los presos políticos, especialmente de cinco menores de edad, de los 270 niños y adolescentes que el régimen chavista había detenido durante la represión tras las elecciones del pasado verano.

Unos comicios que ganó con casi el 70% el opositor Edmundo González, promovido por la líder María Corina Machado, según actas de escrutinio que certificó el Centro Carter y las Naciones Unidas. Sin embargo, el CNE proclamó la victoria de Maduro sin mostrar en ningún momento las actas, que ha sido reclamadas por la oposición y la comunidad internacional.

El fraude provocó numerosas protestas en las calles que fueron duramente reprimidas, provocando la detención de entre 2.200 y 2.400 personas, según cifras oficiales, incluidas muchas que no habían participado en ninguna manifestación.

Este martes estaba prevista la firma de un nuevo decreto de emergencia económica, que anunció Maduro el lunes, en respuesta a los aranceles -un 15%- impuestos por la Administración Trump que entrarán en vigor este miércoles, y que se suman al 25% ya impuesto a aquellos países que compren petróleo a Venezuela. La medida, propuesta por la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, tendría como objetivo «proteger y defender la economía de toda Venezuela», según explicó el líder chavista.

Durante el anuncio de la firma de este nuevo decreto, el líder chavista recordó que se trata de un recurso que utilizó en años anteriores y que le permite asumir «funciones especiales, constitucionales, extraordinarias» para lo que consideró «la defensa de la economía venezolana en su impulso, en su desarrollo».

Horas antes de fuera firmado el decreto, Edmundo González Urrutia, exiliado en España, cuestionó la decisión del Gobierno chavista. «¡No se puede engañar a los venezolanos! Ya son 25 años de mala gestión», subrayó González Urrutia en su cuenta de X. «Desde 2016, el régimen ha renovado al menos 28 veces el llamado 'estado de emergencia económica'. Siete años después, el resultado es evidente: pobreza, hiperinflación, migración forzada y una economía devastada. Cada prórroga fue acompañada de promesas de soluciones, pero ninguna de ellas llegó a materializarse», señaló el presidente electo, que agregó que el régimen es el único responsable «de esta tragedia económica que ha sumido al país en una crisis sin precedentes. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue enfrentando una realidad insoportable: salarios indignos, servicios básicos colapsados, y una economía que no ofrece oportunidades».

González Urrutia concluye afirmando que Venezuela necesita urgentemente un cambio, «que pase por salarios justos, servicios que realmente funcionen, inversión para recuperar nuestra economía, y un modelo que respete la dignidad de su pueblo».