Sabadell ya ve menos probable el éxito de la opa de BBVA tras la intervención del Gobierno

El ejecutivo del banco catalán considera que si ya de por sí las condiciones planteadas por BBVA hace 13 meses no eran las óptimas, ahora se minimiza la frecuencia del éxito de la opa. "Esta operación en sí misma no tiene sentido", ha indicado González Bueno, incluso sin tener en cuenta las nuevas restricciones gubernamentales. El ahorro previsto por BBVA en sinergias (unos 850 millones de euros) se va diluyendo a medida que no se pueden aplicar grandes ERE (expedientes de regulación de empleo), cierres de oficinas por solapamiento de ambas marcas o la integración de sus plataformas tecnológicas.

El consejero delegado del Sabadell insiste en que más allá de las restricciones anunciadas por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "hay un profundo rechazo social" a la operación. "Empresarios, consumidores, sindicatos, comunidades autónomas de distinto signo político, autoridades y un largo etcétera... No hay nadie que esté a favor de esta operación", ha sentenciado.

A la espera de la decisión que tome BBVA tras conocer el acuerdo del Consejo de Ministros, el banco catalán tiene la intención de definir qué hará con TSB, su filial británica, por la que ha recibido varias ofertas para hacerse con la entidad en medio de la opa. La corporación presidida por Josep Oliu decidirá qué hará con ese negocio en apenas un mes, antes del 24 de julio, el día en el que presentará su plan estratégico, también condicionado por la posible venta. Si opta por deshacerse de ese banco británico, tendría que convocar una junta de accionistas para que refrende esta operación. Y todo este proceso coincidiría con el calendario de la opa, entre la decisión que tome BBVA, la presentación del folleto definitivo y los plazos hasta que los dueños del Sabadell volvieran a tener que acudir a otra junta para decidir si aceptan la opa.

BBVA trata de reponerse al mazazo que ha supuesto el acuerdo del Gobierno por el que le impide fusionarse con Banco Sabadell durante los tres próximos años si sale adelante la opa con una valoración de «todas las opciones» posibles como respuesta a la decisión del Ejecutivo: desde la vía judicial hasta el punto y final a la operación. No descarta ninguna vía. Aunque el número tres de la entidad, Peio Belausteguigoitia, ha ofrecido algunas pistas del camino a recorrer al insistir en la «fortaleza» que tiene la entidad; al apoyo que tiene de sus grandes accionistas en esta operación; y de la «racionalidad» que supone la opa, mermada parcialmente por Moncloa.

El grupo, presidido por Carlos Torres, anunciará «en las próximas fechas» qué rumbo tomará la operación después de 13 meses de «incertidumbre», tal y como los calificó el propio ejecutivo en su intervención en el curso de verano de UIMP y la APIE en Santander. En ese mismo foro, Belausteguigoitia ha insistido en que la entidad «ha demostrado su fortaleza» y los inversores «han mostrado su confianza en BBVA». Y ello a pesar de que «llevamos muchos meses con la operación» a sus espaldas. De hecho, el 'country manager' de la corporación ha apuntado que no tienen «afán» en que «se vaya retrasando mucho» este proceso.

El ejecutivo del banco ha querido quitar hierro a «la condición» que ha impuesto el Gobierno: la gestión autónoma de BBVA y Sabadell si se fusionan. Porque poco más se ha especificado en el acuerdo que tomó ayer el Consejo de Ministros más allá de las posibles restricciones en despidos o cierre de oficinas. Para Belausteguigoitia, «el racional de la operación es impecable, es de crecimiento y una opción buena para España, para Cataluña y para los clientes».

El ejecutivo ha recordado que BBVA ha contado con 27 autorizaciones de organismos supervisores, la aprobación de todos y la resolución de la Comisión Nacional de Competencia (CNMC), que se aprobó por «unanimidad» con las condiciones ya conocidas desde finales de abril.

De hecho, una de las posibilidades de actuación que estudia BBVA pasaría por acudir al Tribunal Supremo para impugnar el acuerdo del Gobierno por considerar que la Ley de Defensa de la Competencia, en la que se asientan las restricciones del Ejecutivo, no permiten restringir las condiciones ya impuestas por la CNMC, sino, como mucho, «mantenerlas o mejorarlas».