Cerdán y Ábalos amañaron las primarias del PSOE andaluz con más de 800 afiliaciones falsas

La candidatura de Susana Díaz presentó una demanda en el juzgado de Primera Instancia, a cuya documentación completa ha tenido acceso ABC, una semana antes de las votaciones que tuvieron lugar el 13 de junio. El equipo de la hasta entonces secretaria general del PSOE andaluz detectó que había un modus operandi que se repetía en la agrupación de Almería capital, Peñarroya-Pueblo Nuevo y Guadalcázar (Córdoba) y en Coria del Río en Sevilla. Si bien, tras presentar la denuncia tuvieron constancia de que algo similar había ocurrido en otros puntos de la geografía andaluza, como pudo ser el caso de Málaga o en la agrupación de la Macarena en la capital hispalense. Fue en esta última donde, según adelantó este viernes 'Vozpópuli', inflaron el censo mediante la afiliación de 78 trabajadores de la empresa municipal de limpieza de Sevilla (Lipasam), que estaban destinados a parques de la empresa en la zona, siendo entonces alcalde el propio Juan Espadas.

Susana Díaz instó al juzgado a suspender cautelarmente el proceso de primarias después de que la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido en Madrid diera validez a la incorporación masiva de los nuevos afiliados que fueron inscritos en el censo con posterioridad al 6 de mayo de 2021, que era la fecha de cierre, alegando que ya estaban en proceso de tramitación. Es decir, Ferraz hizo una interpretación arbitraria de sus propios estatutos dando más garantías a los nuevos afiliados que a la candidatura de Susana Díaz: «Ello debe interpretarse de la forma más favorable al derecho de afiliación, que es aquel que realmente está en juego», señaló la citada comisión.

El descubrimiento del fraude que se estaba produciendo en el PSOE andaluz tuvo lugar en Coria del Río. Allí, tras la dimisión de más de la mitad de la ejecutiva local en julio de 2020, tomó el control una gestora presidida por el por entonces diputado nacional Antonio Pradas, que detectó que se habían remitido a Ferraz de una sola vez 32 fichas de afiliación de aspirantes a la militancia que no justificaban su adscripción a la agrupación del municipio, ya que no vivían ni trabajaban allí, condición indispensable según los estatutos del partido para formar parte de la misma. Por ello, recurrieron a la afiliación directa a través de Madrid aunque sus nombres ya aparecían en el censo.

En un informe remitido por la gestora a la dirección nacional del partido se concluyó que debían ser anulados del listado los 32 nuevos afiliados, e indicaba además que se había vulnerado la normativa en materia de protección de datos.

Nunca obtuvieron respuesta de la Comisión de Garantías del PSOE. A partir de aquí, fueron obteniendo evidencias de que en otras agrupaciones andaluzas estaba ocurriendo lo mismo. Por ejemplo, en la de Almería capital. Allí, el día 6 de mayo de 2021, el censo de militantes era de 860 y, cinco días después, ya estaba en 1.044 afiliados. Es decir, se incorporaron 184 más tarde de haberse cerrado la lista de votantes para las primarias.

Lo mismo ocurrió en el PSOE de Córdoba. Allí se afiliaron 76 personas a partir del día 7 de mayo afectando a las agrupaciones de Peñarroya-Pueblo Nuevo, cuyo censo hasta el día de antes era de 75 militantes, y de Guadalcázar, donde apenas había 14. Todo ello, desconociendo su procedencia ya que no se aprobaron por las ejecutivas municipales y se tramitaron directamente por la misma persona.

Todas estas irregularidades se pusieron en conocimiento de la Comisión Regional de Garantías del partido, que solicitó el día 17 de mayo de 2021 a Ferraz la exclusión del censo de estos nuevos afiliados. Dos días después, la Comisión Federal de Ética y Garantías declaró nula la resolución anterior y admitió las 287 afiliaciones denunciadas. 

Por este motivo, la candidatura de Susana Díaz requirió que se acreditase «de forma fehaciente la fecha de registro de entrada» de las solicitudes y que se pronunciase en los procedimientos seguidos en Almería, Coria del Río, donde seguía pendiente la resolución.

No ocurrió. En la demanda que se presentó al juzgado días después se argumentaba, por parte del equipo de la expresidenta de la Junta, que las afiliaciones masivas realizadas por miembros de otra candidatura tenían como «único objeto incidir en el resultado del proceso de primarias». Aludía al artículo 7 de la Constitución Española, que obliga a que la organización y estructura interna de los partidos políticos se rijan por criterios democráticos, algo que se eludió.

En el escrito se exponía literalmente que la dirección nacional del partido buscó favorecer a la candidatura de Juan Espadas mediante afiliaciones masivas, lo cual, además de un fraude de ley, iba en contra de los estatutos del PSOE: «Un órgano por el simple hecho de querer provocar un resultado a priori en un proceso de participación como el que se producirá el próximo 13 de junio en el PSOE de Andalucía no puede vulnerar su propia normativa interna en materia de afiliaciones e inclusión de nuevos militantes en el censo definitivo, provocando de forma intencionada torcer o influir en la voluntad del electorado».

El juzgado no respondió a tiempo y no se concedieron las cautelares. Fuentes de la candidatura consultadas por ABC explicaron que, tras las primarias en las que Espadas ganó por unos 5.000 votos de diferencia con Susana Díaz, la expresidenta decidió pedir el desestimiento del proceso «para evitar hacer más daño a las siglas». Este periódico se puso en contacto con Susana Díaz, que no quiso hacer valoraciones de lo ocurrido.