Okupan una casa en Santa Cruz de Tenerife y hacen la vida imposible a las propietarias de la vivienda: «Nos persiguen por la calle»

Cada vez son más los propietarios en España que viven atrapados en una pesadilla de la que no saben cómo despertar. La okupación ilegal, lejos de ser una anécdota aislada, se ha convertido en una herida abierta que erosiona derechos fundamentales y multiplica el desamparo. Personas que, tras años de esfuerzo, trabajo y sacrificio, consiguen una propiedad con la esperanza de asegurar su futuro o el de sus familias, se ven de pronto desplazadas de sus propias viviendas por desconocidos que el sistema tarda meses, o incluso años, en sacar. Y aunque las okupaciones ilegales descendieron en 2023 un 8,8% respecto al año anterior, los más de 15.000 casos registrados dejan claro que el drama sigue vigente. Y, para muchos, se traduce en una odisea emocional, económica y legal.

Ese es el caso de Elena y Aurora Castro, dos hermanas de Santa Cruz de Tenerife que llevan casi tres años intentando recuperar la casa que su familia compró en 1950. Lo que empezó como una visita rutinaria para preparar la venta del inmueble se convirtió en un calvario judicial que, a día de hoy, sigue sin resolverse.

Según ha revelado el medio 'El Día', el inmueble está situado en el número 46 de la calle San Francisco Javier, en el barrio de El Toscal. Fue adquirido por su abuelo hace más de siete décadas y ha pasado de generación en generación hasta llegar a manos de las hermanas Castro. Su madre fue la propietaria legal durante años, y cuando falleció, la vivienda quedó registrada a nombre de Elena, por una cuestión de agilidad administrativa. Durante mucho tiempo estuvo cerrada, sin uso, debido a las restricciones urbanísticas del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de El Toscal. «Mi madre soñaba con vivir allí, pero nunca pudo», cuenta Elena con tristeza.

La situación se torció en septiembre de 2021 cuando, acompañadas de un agente inmobiliario, Elena y Aurora acudieron a la casa con la intención de venderla. Pero algo no cuadraba, la puerta había sido forzada y los candados habían sido cambiados. Aunque lograron entrar, dentro se encontraron con un hombre trajeado que afirmaba llevar décadas viviendo en el inmueble. Primero dijo haber vivido allí durante treinta años. Después, que acababa de divorciarse y no tenía a dónde ir. «Le dijimos que éramos las propietarias y que tenía que irse porque íbamos a vender el inmueble», confesaron. El hombre, les prometió que se iría rápido y le dieron un voto de confianza.

Dos meses después, en noviembre, el individuo seguía allí. Y la situación de las hermanas se agravaba, ambas estaban enfermas y necesitaban vender la casa para costear sus tratamientos médicos. Pero lo que parecía un trámite rápido se convirtió en una batalla legal que sigue abierta a día de hoy.

En marzo de 2023, tras meses de espera, presentaron la primera denuncia ante la Policía Nacional. «Fue desesperante. Ni siquiera nos recogían la certificación del Registro de la Propiedad», lamenta Elena. En paralelo, los ocupantes levantaron un muro sin autorización y comenzaron a increpar a las hermanas cada vez que pasaban por la zona. «Cuando vamos allí nos persiguen hombres por la calle», señalaron a 'Herrera en COPE Tenerife'.

Tras contratar un nuevo abogado, interpusieron una demanda civil. Sin embargo, esta fue desestimada en una sentencia que alegaba que había pasado demasiado tiempo entre el momento en que descubrieron la ocupación y la presentación formal de la demanda. Según el juez, la acción había «caducado». Un argumento que las hermanas no comprenden. «El propio Tribunal Superior de Justicia establece que los delitos de usurpación no prescriben mientras sigan ocurriendo», denuncian.

Noticia Relacionada

Okupa la casa de dos ancianos en Madrid aprovechando su visita al médico y los vecinos se movilizan para impedirlo

ABC

La asaltante llamó a la Policía haciéndose pasar por otra vecina para informar de que había movimientos sospechosos en la vivienda, según Telemadrid

En marzo de 2024 decidieron cambiar de estrategia y presentaron una nueva demanda, esta vez por la vía penal. La respuesta de las administraciones ha sido, según ellas, «un silencio absoluto». Han enviado cartas al Ayuntamiento de Santa Cruz, pero no han recibido ninguna solución. «Lo peor no es la ocupación en sí. Lo peor es sentir que el Estado te ha abandonado. Que estás sola frente a una injusticia tremenda», dicen con voz quebrada.

En junio ampliaron la denuncia, preocupadas por la posibilidad de que una persona ajena se presente en el juicio simulando ser el ocupante. «Solo pasa por la zona los fines de semana a revisar si la vivienda está bien», explican.

Mientras esperan que el juzgado autorice una medida cautelar para acceder al interior de su propia vivienda, siguen intentando venderla. La casa contigua también está okupada. Y aunque en los últimos meses se han producido algunos desalojos en El Toscal, el caso de las hermanas Castro permanece atascado.