PP y Vox aprueban su plan para investigar la dana en las Cortes Valencianas sin fecha

La hoja de ruta, aprobada hace ya más de un mes, incluye las peticiones para que comparezcan tanto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como los dos imputados en la instrucción de la causa penal por la riada -la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. También se solicita la declaración de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Del mismo modo, quedan citados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la delegada en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, además del actual subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez; el expresidente autonómico Ximo Puig y responsables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

En total, se propone las comparecencias de más de 80 personas entre responsables políticos, organismos, instituciones y sociedad civil, alcaldes de municipios afectados y expertos. Respecto al Ejecutivo central, sobresalen también nombres como los de la exministra Teresa Ribera, el comisionado para la Reconstrucción, José Mª Ángel, y los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa). También se llama a responsables de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En cuanto a la Generalitat, incluye las comparecencias de la vicepresidencia primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; del director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Martín; y de los exconsellers socialistas del Botànic Arcadi España, Rebeca Torró y Mª José Salvador. Por lo que respecta al Ayuntamiento de Valencia, además de Catalá, se llama al jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera, y al inspector jefe del departamento de Bomberos, Enrique Chisbert. Mientras, de la Diputación, únicamente se cita al inspector jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset.

No obstante, en el documento acordado por PP y Vox no aparecen nombres que sí que solicitaron tanto PSOE como Compromís en sus respectivos planes de trabajo, como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (PP), la periodista Maribel Vilaplana o el dueño del restaurante El Ventorro.

A partir de este momento, la comisión ha solicitado los registros de llamadas del presidente Mazón el 29 de octubre; de la exconsellera Salomé Pradas y del ex secretario autonómico Emilio Argüeso; de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska; de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y del presidente de la CHJ, Miguel Polo. Asimismo, ha pedido la transcripción de todas las llamadas recibidas por el 112 durante los días 29, 30 y 31 de octubre en la provincia de Valencia.

En cuanto al calendario y las sesiones, el plan propone que el informe de la comisión se debata y elabore en los 12 meses de trabajo de la misma, «sin perjuicio de que se pueda ampliar como consecuencia de los trabajos» y que celebren reuniones «al menos una vez al mes, preferentemente en lunes». En ellas, se establece que las intervenciones se desarrollarán del siguiente modo: tres minutos para cada grupo parlamentario, 15 minutos para el compareciente, seis minutos para el segundo turno de intervención de los grupos y otros seis para el turno final del compareciente.

Los socialistas, en voz de su síndic José Muñoz, han acusado PP y Vox de «obstruir la verdad» con el fin de «seguir manteniendo al zombi político» de Carlos Mazón al frente de la Generalitat y ha considerado que la comisión de investigación es «una prueba más» de la «respiración asistida de la extrema derecha» al jefe del Consell. Y ha criticado que arranque «con seis meses de retraso» desde el 29 de octubre, por lo que ha sospechado que «probablemente» las comparecencias «no vendrán hasta después de verano».

El portavoz del PSOE ha criticado que la presidencia de la comisión esté en manos de Vox: «Los negacionistas del cambio climático, que son los que nos dan recetas erróneas para combatir la dana, son precisamente los que van a tener esa presidencia, con una vicepresidencia del PP».

Desde Compromís, Isaura Navarro también ha incidido en que el plan de trabajo llega «tarde y mal» seis meses después de la dana, tras «un pacto entre PP y Vox para que no se sepa qué ocurrió» el 29O. «No es un plan de trabajo, es el anti-plan de trabajo», ha afirmado. Para la diputada, «estamos igual que en el Cecopi, que llegó tarde y mal, y en la misma manera de funcionar» por parte del PP y Vox.

Por parte de Vox, José Mª Llanos ha subrayado que la voluntad de su formación es «que se diriman todas las responsabilidades, las de quien sea», y ha acusado a Compromís de «seguir con el teatro de siempre» y de «montar el circo» para «intentar sacar rédito electoral de esta tragedia».

«Después del teatro o del circo pide que pasemos a una proyección de cine, es decir, para Compromís lo importante es que, en lugar de tener documentación fidedigna y objetiva del antes, el durante y el después de la tragedia del 29 de octubre, que visualicemos nada menos que una proyección de las noticias que aparecieron en À Punt», ha cuestionado.

La diputada del PP Laura Chulià ha defendido que el plan aprobado sigue las premisas de «seriedad y rigor» y pretende «arrojar luz», al tiempo que «carece de juicios de valor, circos y relatos» y se centra «sobre todo en saber qué pasó y por qué pasó, pero también «qué se está haciendo actualmente por todas las administraciones públicas implicadas y qué no se está haciendo». También en «las soluciones que están dando unos y otros» y en saber «cuáles son las medidas de prevención y las obras antirriadas que deberían de haberse ejecutado ya» para «devolver la sensación de seguridad y tranquilidad a los afectados».