El juez investiga un sistema de corrupción endémico en Transportes

El magistrado Leopoldo Puente dio recientemente un paso adelante ampliando la investigación –que en un principio se ceñía a las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante el Covid– a la colocación de la expareja del político, Jésica Rodríguez, en las dos empresas públicas Ineco y Tragsa (dependientes de los ministerios de Transportes y Agricultura) por petición de Ábalos y su asesor, Koldo García.

El miércoles, además de instar a la Audiencia Nacional a la imputación de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera por la citada contratación de Jésica García en Ineco, donde nunca pisó su oficina según declaró, el juez abrió una nueva línea de investigación que también se remonta un año antes de los contratos de la pandemia.

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Isabel Vega

Puente investiga ya si existió un sistema de corrupción establecido en 2019 y que se habría prolongado durante más de un año alrededor de la adjudicación de obras de ampliación de carreteras en el Ministerio de Transportes mientras José Luis Ábalos estuvo al frente de éste.

El magistrado instó a la Guardia Civil a investigar la adjudicación de las obras «y/o rectificados» adjudicadas por la Dirección General de Carreteras por si, como declaró el empresario y comisionista también investigado Víctor de Aldama, existió ese sistema corrupto que describió, según el cual las empresas a las que representaba se llevaban adjudicaciones, éstas le entregaban a él entre el 1 y el 1,5 por ciento del montante total del contrato y, de esa comisión, él pagaba mordidas a Ábalos y a su asesor, Koldo García.

En febrero, Aldama entregó al instructor un documento con un listado de licitaciones de ampliación de carreteras con subrayados en fluorescente y anotaciones al margen que aseguró fueron realizados por Koldo García. También una imagen en la que se ve al asesor de Ábalos reflejado en la pantalla del móvil mientras miraba otro documento con un listado similar. Con ambos documentos trató de probar sus afirmaciones en sede judicial.

Previamente, en diciembre –por tanto un mes después de que el magistrado Puente abriera causa contra Ábalos por presunta corrupción– el empresario sostuvo en su declaración como imputado en el Tribunal Supremo que esos pagos no eran sólo por adjudicaciones conseguidas, sino que también entregó 10.000 euros entre octubre de 2019 «o posiblemente meses antes», afirmó, a Koldo García para asegurarse de que las empresas a las que representaba recibirían un trato de favor en el futuro. Él se habría quedado una parte de los hasta cuatro millones de euros recaudados entre 2019 y 2021 a las empresas, según sostuvo, y otra se la habría entregado a los propios Ábalos y Koldo García.

El juez instructor ordenó una prueba caligráfica para comprobar si las anotaciones al margen del documento con el listado de adjudicaciones eran realmente del exasesor del ministro. Una vez constatado que sí era su letra, Leopoldo Puente ha dado un paso más en la investigación y ha pedido a la Guardia Civil distintas diligencias para despejar si existió ese sistema corrupto endémico descrito por Víctor de Aldama.

«A la luz del resultado de informe pericial caligráfico elaborado en esta causa especial por la perita designada, doña María Eugenia Pérez Matey, destacando la coincidencia existente entre el cuerpo de escritura formado por el investigado don Koldo García Izaguirre y los documentos, con parte de su contenido manuscrito, aportados por la defensa del Sr. de Aldama Delgado, que constituyeron en dicha pericia la escritura dubitada, corresponde ordenar a la Unidad Central Operativa, con remisión a la misma del testimonio de dichos documentos, que proceda a la investigación de la adjudicación de las obras y/o rectificados que aparecen destacados con línea fluorescente en aquellos, identificando a la empresa que finalmente resultara adjudicataria de cada una de las referidas obras y fiscalizando el procedimiento de adjudicación», se pudo leer en su auto del pasado miércoles.

La declaración que Víctor de Aldama prestó el 21 de noviembre en el Tribunal Supremo, en la que se ratificó en afirmaciones que ya había hecho en la Audiencia Nacional, adquiere más sentido a medida que el magistrado Puente va practicando diligencias en la investigación.

Durante dicha comparecencia, Aldama sostuvo que, respecto al negocio de las mascarillas, él se llevó una comisión de cinco millones y medio de euros por que Soluciones de Gestión, de su socio Juan Carlos Cueto, fuera la adjudicataria del contrato de Transportes mientras que Ábalos recibió de su parte dos millones de euros y Koldo García, 500.000 euros. Unas afirmaciones que los dos últimos descartan. Pero, además de dicho contrato, el magistrado le preguntó por algo que ya contó en la Audiencia Nacional, los 10.000 euros mensuales que supuestamente pagó a Koldo García durante casi dos años, entre octubre de 2019 y julio de 2021, momento de su cese, a la vez que el de Ábalos. «¿A qué obedecían estos pagos mensuales al señor García si no había existido todavía ningún contrato, ni era siquiera previsible?», preguntó Puente.

«Bueno, es que nos hemos centrado en el tema de las mascarillas, pero obviamente la relación con el señor Ábalos y con el señor García era anterior. Después de mi viaje a México, en el que volvemos con un éxito digamos importante, empieza a haber una confianza y se ven otros negocios como son el tema de las constructoras en los ámbitos del Ministerio de Transportes: es decir, Carreteras, Adif, Conservaciones y Mantenimiento», lanzó.

Y al repreguntarle a cambio de qué eran esos 10.000 euros mensuales, afirmó: «De posibles adjudicaciones futuras del tema de las constructoras». Aseguró que «ellos (por el ministro y su asesor) ya tenían muy claro cómo iban a hacer esas proyecciones o adjudicaciones». «Es dar 10.000 euros mensuales a personas que te dicen que te van a conseguir contratos públicos. Es irrisorio cuando estamos hablando de millones de euros en contratos públicos. Era como una especie de buena fe por mi parte para un beneficio futuro. Cuando inicias una sociedad, puede ir bien o mal. Era mi riesgo. Me estaba arriesgando a un negocio empresarial», dijo. Y fue más allá: «Hombre, no me lo estaba pidiendo cualquiera, me lo estaba pidiendo el asesor del exministro de Transportes», apuntilló, asegurando que hizo entregas de dinero de las citadas mordidas unas veces sólo a Koldo García y otras también al propio ministro «en su despacho».

Ahora, el juez ha encargado a la UCO «fiscalizar» el recorrido de las adjudicaciones señaladas por Aldama en el listado que entregó con más de 50 referencias. Entre las compañías que allí figuraban estaban Levantina y Murias, por las que como declaró la expresidenta de Adif se interesaron tanto Ábalos como Koldo García para ver si los pagos por sus trabajos estaban en orden.

En cuanto al viaje a México con el que según el empresario «empezó todo», se refiere a una visita oficial de miembros del Ministerio de Transportes a la región de Oaxaca en febrero de 2019 que organizó meses antes Aldama por las relaciones que tenía en aquel país y de la que existe registro documental. En un vídeo, se ve al comisionista en reuniones con el ministro. En la comitiva también estuvo la entonces presidenta de Ineco, Carmen Librero, según la agenda oficial.

En aquella visita, según recogió la UCO en uno de sus informes del caso Koldo de la Audiencia Nacional –que dio pie a la apertura de la causa contra Ábalos en el Tribunal Supremo– Aldama ejerció como un pseudo representante oficial de España. Él mismo declaró también en sede judicial que el entonces embajador de España en México, Juan López-Dóriga, se molestó porque le puenteara. Un extremo que este diario trató de aclarar con el aludido, sin respuesta por su parte.

Según Aldama, aquel viaje fue la prueba de fuego tras la que desarrolló una «relación económica», como afirmó en el Tribunal Supremo, con Ábalos y su asesor, a quien definió como su «línea abierta» en el Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir los contratos tan deseados por las empresas a las que representaba.

Según Aldama, también por el «éxito» de la organización de aquel viaje, que relacionó con el contrato para que varias empresas españolas participaran en la construcción de un tramo de la macro obra del tren maya verde, el presidente del Gobierno quiso conocerle en el acto de presentación del candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, el 3 de febrero de 2019. Un momento del que aportó un posado con Sánchez, quien anunció una querella por injurias contra él por este asunto.