Pedro Sánchez intenta evitar que el apagón cuestione toda su política energética

Tanto en Moncloa como en el Ministerio de Transición Ecológica, sin embargo, insisten en la prudencia, sin descartar ninguna hipótesis, tampoco la del ciberataque. Y en este contexto de falta de información y de una investigación larga, todas las fuentes enfrían que desde el Gobierno se pueda promover la salida de Beatriz Corredor como presidenta del operador participado por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, que posee el 20% de las acciones de la compañía. Primero, explican de manera gráfica, porque no hay una 'pistola humeante' por mucho que esté en debate el mix energético programado para el día del apagón.

Segundo y principalmente, repiten, porque esa decisión depende del Consejo de Administración a pesar de la vinculación del Gobierno con la cotizada. O dicho de otra manera, porque abordar eventualmente una maniobra de ese calado, por mucho que la presidencia de REE dependa en última instancia de Moncloa, no es algo tan sencillo como enviarle el motorista a un ministro, como se hacía a la antigua usanza para cesarlos.

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Raúl Masa

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Pedro Sánchez mostró su malestar con Red Eléctrica la semana pasada al saber por la prensa que se había anticipado a descartar el ciberataque cuando su Gobierno mantenía abierta esa vía. En la propia reunión que mantuvo en Moncloa con Corredor y las grandes eléctricas hubo otra prueba del choque, como publicó ABC, cuando el jefe del Ejecutivo desautorizó expresamente a Corredor ante los responsables de las energéticas 100% privadas. Pero REE, el operador encargado de suministrar la electricidad en España, en el fondo, cumple con la hoja de ruta energética elaborada por el Gobierno.

Si se demuestra que el apagón respondió a que ese día entró una cantidad enorme de renovables en el sistema, como señalan muchos expertos en este momento, la enmienda no sería solo a la planificación que elaboró Red Eléctrica, sino que pondría en cuestión la apuesta energética de Sánchez al completo, convertida en una seña de identidad de su Gobierno.

La transición energética no es un asunto más para el presidente. Es una clave de bóveda, hasta el punto de que en los últimos meses Sánchez ha vinculado las políticas verdes al crecimiento económico en España y ha fiado al éxito de las renovables conseguir la ansiada soberanía energética en el contexto de incertidumbre actual. A finales de enero el jefe del Ejecutivo intervino en un acto sobre el hidrógeno verde organizado por Enagás e insistió en esa idea: «No podemos seguir dependiendo del petróleo, del gas extranjero para encender nuestras calefacciones, para hacer circular nuestras ambulancias. El riesgo es demasiado alto», advirtió.

Fue en esa intervención, a la que muchos dirigentes políticos apuntan por lo revelador de su contenido, cuando Sánchez también decidió retar a la Administración de Donald Trump con aquel «green, baby, green» en respuesta al «drill, baby drill» del norteamericano (que se podría traducir por un 'perfora, nena, perfora', en referencia a la técnica del fracking por la que apuesta el inquilino de la Casa Blanca) poco después de su toma de posesión, que se había producido sólo una semana antes. Allí estaba también la flamante vicepresidenta tercera Sara Aagesen, ante la plana mayor de las renovables. Y el presidente lo dejó claro: «Nos lo jugamos todo al verde», reiteró, reconociendo que la transición energética se ha convertido en «el puntal de un modelo de éxito». El que él defiende.

«Hemos logrado que el 56% de nuestra producción eléctrica proceda de fuentes renovables. Algo que nos está permitiendo generar miles de empleos y tener la electricidad un 30% más barata que la de nuestros competidores europeos», prosiguió.

El Gobierno ha creado dos grupos de trabajo para investigar a fondo el cero eléctrico. Uno está encabezado por Transición Ecológica y debería concluir si hubo o no un error en la gestión de Red Eléctrica. El otro lo coordina el Ministerio de Transformación Digital, dirigido por Óscar López, y que seguirá ahondando en la posibilidad del ciberataque. El compromiso del Ejecutivo es enviar a la Comisión Europea un informe en un plazo de tres meses. Los organismos europeos, por su parte, se han dado un mínimo de seis meses para tener un fallo sobre lo ocurrido.

Los plazos dejan claro que esto va para largo y que en Moncloa no tienen un 'deadline' para tomar decisiones en ningún sentido. La mayor fuente de presión vendrá de los partidos de la oposición y los socios parlamentarios del Gobierno, que exigen explicaciones más rápidas y garantías de que no volverá a ocurrir. De ahí las expectativas en torno a la comparecencia de Sánchez este miércoles en el Congreso. Y la batería de preguntas que lanzará el PP en la sesión de control posterior, con la que pretenden cercar al presidente, a la vicepresidenta Aagesen y poner el foco sobre Red Eléctrica como responsable subsidiaria: la tesis de los conservadores sigue siendo que el operador responde a las tesis del Gobierno.

Fuentes en contacto con los técnicos de Red Eléctrica también apuntan a una crisis interna de grandes dimensiones, sobre todo por los profesionales del operador que ven cuestionada la reputación de la compañía.