El Gobierno mantiene el control de Red Eléctrica contra el criterio de la UE

Según consta en la web para inversores de Red Eléctrica, tras la entrada en vigor de la Ley 17/2007, de 4 de julio, se mantenían una serie de limitaciones legales a la participación y a los derechos políticos aplicables al accionariado de la compañía.

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Raúl Masa

Esta situación ya fue recogida en 1997 en la Ley del Sector Eléctrico que, desde entonces, ha sufrido diversos cambios aunque esta parte sobre el blindaje del accionariado se ha mantenido.

Así, explican desde la empresa que «la finalidad de estas limitaciones es la de garantizar la independencia de la Sociedad frente a las restantes actividades y agentes del sector eléctrico dado que las actividades desarrolladas por Redeia –el transporte de energía eléctrica y la operación del sistema eléctrico– son consideradas por el legislador como un servicio esencial».

Es decir, con el BOE mediante, el Gobierno –en ese momento con José Luis Rodríguez Zapatero– se arrogaba el control accionarial de la compañía. Para ello, se establecieron una serie de límites. El primero de ellos es que se podrá participar en el capital de Redeia «cualquier persona física o jurídica, siempre que la suma de su participación directa o indirecta no supere el 5 % del capital social ni ejerza derechos políticos por encima del 3%. Estas acciones no podrán sindicarse a ningún efecto».

Según consta en la CNMV en estos momentos, la SEPI tiene un 20% del capital; mientras que Amancio Ortega, a través de Pontegadea, tiene un 5%; y el fondo BlackRock dispone de un 4,9%. Estos últimos no tienen representación en el consejo, algo que es habitual en sus gestiones financieras.

En el 'as' en la manga que se guardó el Gobierno en 2007, también cerraba el coto a potenciales compañías energéticas que pudieran tener la tentación de entrar en el capital de Red Eléctrica. Así, explican que «aquellos sujetos que realicen actividades en el sector eléctrico y aquellas personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, participen en el capital de dichos sujetos con una cuota superior al 5%, no podrán ejercer derechos políticos en la Sociedad por encima del 1%, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 34 Ley del Sector Eléctrico para generadores y comercializadores».

Por último, y para cubrirse el control en la toma de decisiones, se estimó que «se mantiene el régimen especial para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que deberá disponer, en todo caso, de una participación no inferior al diez por ciento (10%) del capital social».

Por lo que respecta al actual consejo de administració de la compañía, ahora mismo tiene 12 miembros de los que tres de ellos, con consideración dominical, son elegidos por la SEPI. El resto de sillones son ocupados por consejeros independientes. En principio, tanto Pontegadea como BlackRock podrían tener asientos en dicho consejo, pero en ningún momento han querido acceder a dicha representación. Por este motivo, tal y como ha conocido este medio, no ha existido la necesidad de informar a estos accionistas durante esta crisis.

Esta situación de gobernanza corporativa que tiene Red Eléctrica no ha sido algo muy bien visto en la Comisión Europea (CE) en ninguno de los casos en las últimas dos décadas donde se ha aplicado este sistema.

En 2017, una década después de que se mantuviese la denominada 'acción de oro', Bruselas se propuso investigar la situación para que España la desmantelase. Algo que finalmente no fructificó. En su momento se argumentó que la seguridad del suministro energético requiere un control político especial sobre las compañías que prestan esos servicios. Pero en Europa son muy reticentes con el hecho de que, 'de facto', exista un veto a cualquier tipo de capital privado.

Durante la pasada década, eliminar estos vetos fue una de las grandes banderas de la CE para fomentar la competencia. Según Bruselas, el objetivo en la defensa del interés general –que se argumenta desde el Gobierno–, es legítimo y debe tratar de cumplirse, pero el Estado miembro en cuestión debe usar la forma menos intrusiva y distorsionadora posible para lograrlo. Por ello, poner límites a la participación accionarial y a los derechos de voto entra dentro de la categoría de medidas intrusivas y distorsionadoras, porque afecta a las libertades fundamentales que defienden los tratados europeos.

Desde el pasado 28 de abril, la acción de Redeia ha caído un 7%. Se trata de un duro golpe a la espera de aclarar lo que sucedió realmente, y hasta qué punto tiene responsabilidad el operador de la red.

En este contexto, según ha podido conocer ABC a través de Bloomberg, hasta ocho grandes fondos han vendido acciones desde la semana pasada. En esa lista hay algunas firmas que figuran entre los primeros 20 accionistas por volumen de porcentaje, como State Street, que tiene sede en Boston; o Franklin Resources, que fue fundada en Nueva York. Pero hay muchos que han tomado la misma línea.

Entre quienes están vendiendo se encuentran BMO Global, JP Morgan, Bank of New York, Goldman Sachs, Morgan Stanley o BNP Paribas. No obstante, estos movimientos a veces son automatizados a través de gestoras de fondo que cubren una posición o salen en función del comportamiento de la acción.

Sobre los datos que se van conociendo poco a poco, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, dijo ayer que se ha descubierto que se produjo un tercer incidente en el sistema eléctrico, que tuvo lugar 19 segundos antes del apagón. del pasado 28 de abril y que se ubicó en el sur de España.

«Cuando hemos hecho 'zoom' también hemos querido saber no solo la información de esos cinco segundos donde acontecieron las dos informaciones que ya suministró Red Eléctrica. Hemos mirado los minutos previos de que ocurriera», reveló Aagesen en una entrevista en TVE. Aunque sigue sin haber una teoría sobre las causas.