EE.UU. y Alemania chocan de nuevo por la ultraderecha de AfD

Horas después, el secretario de Estado, Marco Rubio, denunció la decisión en la red social X: «Alemania acaba de otorgar a su agencia de Inteligencia nuevos poderes para vigilar a la oposición. Eso no es democracia, es tiranía disfrazada. Lo verdaderamente extremista no es el popular partido AfD -que quedó segundo en las recientes elecciones-, sino las mortales políticas migratorias de fronteras abiertas del 'establishment', a las que AfD se opone. Alemania debería rectificar».

El vicepresidente, J. D. Vance, reforzó las críticas y acusó al Gobierno alemán de reconstruir barreras ideológicas bajo un nuevo rostro institucional: «AfD es el partido más popular en Alemania, y con diferencia el más representativo de la Alemanía del Este. Ahora los burócratas intentan destruirlo. Occidente derribó el Muro de Berlín. Y ha sido reconstruido no por los soviéticos ni los rusos, sino por el 'establishment alemán'».

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Rosalía Sánchez | Corresponsal en Berlín

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La respuesta de Berlín no se hizo esperar. El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores defendió la decisión de la Oficina para la Protección de la Constitución -el servicio de Inteligencia interior encargado de la medida- como democrática y acorde con el Estado de derecho. «Esto es democracia», publicó el viernes por la noche en X. «La decisión es el resultado de una investigación exhaustiva e independiente para proteger nuestra Constitución y el Estado de derecho. Los tribunales independientes tendrán la última palabra. Hemos aprendido de nuestra historia que hay que detener el extremismo de derechas».

Pese a las acusaciones de persecución, el Gobierno alemán insiste en que se ha actuado dentro de los márgenes legales. La declaración oficial busca desactivar las acusaciones de instrumentalización política justo cuando el país se aproxima al 80 aniversario del fin del Tercer Reich y en medio de una compleja transición de poder.

La Administración Trump ha constituido un respaldo clave para AfD durante la última campaña electoral. Su líder, Alice Weidel, ha recibido el apoyo expreso del vicepresidente J. D. Vance y del empresario Elon Musk, quien participó con ella en transmisiones en directo por X y en un mitin por videoconferencia. Weidel ya ha anunciado que recurrirá a los tribunales: «Nos defenderemos ante la justicia».

En esta ocasión, Musk advirtió en X que ilegalizar a AfD «sería un ataque extremo contra la democracia». Definió además al partido como «centrista» y repitió la afirmación de Vance de que se trata de «la formación más popular de Alemania».

Las fricciones entre Berlín y Washington vienen de lejos. En septiembre, el Ministerio alemán de Exteriores respondió con ironía a unas declaraciones de Donald Trump, entonces candidato presidencial, en un debate contra Kamala Harris. En ese duelo televisado, Trump retomó una afirmación de su compañero de fórmula, J. D. Vance, quien insinuó que inmigrantes ilegales en Springfield, en Ohio, comían mascotas. «Según los medios estadounidenses, las autoridades de Springfield no tienen conocimiento de estos casos», replicó el Ministerio. Y añadió como posdata: «Tampoco comemos perros y gatos».

Estas diferencias públicas reflejan un deterioro constante en las relaciones entre el Gobierno alemán saliente, liderado en Exteriores por la ecologista Annalena Baerbock, y la nueva Administración Trump. El distanciamiento fue evidente en la última Conferencia de Seguridad de Múnich, donde J. D. Vance evitó reunirse con el canciller Olaf Scholz y sus ministros, pero mantuvo encuentros con representantes de otros gobiernos.

Por ahora, la ilegalización de AfD no está garantizada. El martes, el Parlamento (Bundestag) dará su visto bueno al nuevo Ejecutivo, que encabezará el conservador Friedrich Merz. Este guarda silencio sobre la clasificación de AfD y su posible disolución, una decisión de enorme carga política. Sin el apoyo de la CDU, los socialdemócratas (SPD), Los Verdes y La Izquierda no alcanzarían la mayoría necesaria en el Bundestag ni en el Bundesrat.

Desde la CDU, el secretario general Carsten Linnemann ha reiterado que no habrá cooperación con AfD, y ha señalado que el nuevo Gobierno debe centrarse en resolver los problemas reales de los ciudadanos para restaurar la confianza. Más contundente ha sido el presidente regional de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, también de la CDU, quien ha declarado: «El Gobierno federal debe iniciar rápidamente un procedimiento de prohibición de AfD para proteger nuestra democracia».

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, ha pedido prudencia y ha asegurado que analizarán a fondo la evaluación del servicio de Inteligencia para determinar posibles consecuencias legales. Dentro del ala liberal de la CDU, crece el respaldo a la ilegalización. El diputado Roderich Kiesewetter ha afirmado que «al declarar que AfD actúa contra el orden democrático básico, un procedimiento de revisión previo a una posible prohibición resulta más urgente y prometedor».

La Administración Trump ha intervenido de forma cada vez más visible en la política interna de aliados estratégicos, utilizando su influencia institucional para tratar de moldear el panorama político en el extranjero. Más allá del respaldo abierto a AfD en Alemania, el Gobierno estadounidense ha jugado un papel clave en el reciente giro electoral en Canadá. Allí, su retórica arancelaria y su presión económica favorecieron indirectamente la victoria del liberal Mark Carney. El nuevo primer ministro canadiense viajará el martes a Washington para reunirse por primera vez con Trump.