Yolanda Díaz plantea subir el salario mínimo al menos hasta los 1.200 euros netos mensuales

El texto legal trasladado a los agentes sociales plantea que el sueldo más bajo sea automático y que, además, su cuantía sea «igual o superior al 60% del salario neto», una fórmula que los sindicatos venían reclamando y que dejaría el indicador por encima de los 1.200 euros netos. Los últimos datos del INE apuntan a que el sueldo medio está en 2.273 euros brutos al mes (unos 2.056 netos) y en estos momentos el SMI es de 1.184 euros brutos lo que, en la práctica, implican un coste medio por trabajador de casi 2.000 euros, incluidos todos los costes sociales.

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Susana Alcelay

La modificación normativa mantiene la obligatoriedad del Gobierno de fijar por ley cada año el salario mínimo tras consultar a los empresarios y sindicatos más representativos, pero añade nuevos criterios. Uno de ellos es contar con un «informe previo de la comisión asesora para el análisis del salario mínimo». Esta comisión ya existe, está formada por los expertos nombrados por la propia ministra, como también se hará de ahora en adelante. El cambio radica en que se da a esta comisión un respaldo legislativo y será el Estatuto el que determine su funcionamiento y composición. En total serán 14 integrantes, contando su presidente, con miembros del Gobierno, sindicatos, empresarios y expertos.

La reforma también suma más requisitos a los cuatro que ya existen en la ley, que el Ejecutivo debe tener en cuenta para fijar cada año el SMI. En la actualidad los cuatro criterios a tener en cuenta son la evolución del índice de precios de consumo (IPC), la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, y la coyuntura económica general.

Ahora, Trabajo añade al IPC que se tenga en cuenta el poder adquisitivo del salario mínimo y también que se tenga en cuenta la evolución de la productividad «a largo plazo». Los otros dos criterios que se quieren añadir son que el SMI sea «garantía de un nivel de vida digno», que «incremente la cohesión social» y que se «atienda al fenómeno de la pobreza laboral», así como que «los aspectos distributivos atiendan especialmente a los salarios más bajos y consideren el impacto del sexo».

La propuesta de Yolanda Díaz se basa en una directiva europea que insta a los Estados miembro a «establecer mecanismos de indexación automática» y, de aplicarse, las subidas del salario mínimo se asemejarían a lo que ocurre ya, por ejemplo, con las pensiones, en este caso fijadas de forma automática con la media de la inflación del último año.

Los cambios abren un nuevo frente con las empresas y el acuerdo en este caso es remoto. La patronal sostiene, como ocurre con la rebaja de jornada, que resta atribuciones a la negociación colectiva. Explican que si va a ser una ley la que determine las subidas del sueldo mínimo, el diálogo en las empresas o sectores quedará relegado a un segundo plano, además de advertir de que se generará una espiral alcista que incrementará el coste laboral.

ATA, la organización de autónomos que dirige Lorenzo Amor ha rechazado este lunes «rotundamente» el nuevo modelo de cálculo del SMI. Asegura que «no responde a razones sociales ni económicas, ni a normativas o mandatos europeos, sino una vez más, al igual que la propuesta de reducción de jornada, al pacto de coalición entre Sumar y el PSOE». Para esta organización, los autónomos con trabajadores a su cargo, casi un millón, «serán los grandes perjudicados de medidas no consensuadas como esta«.

«Seguimos viendo mes tras mes en las estadísticas cómo se viene destruyendo empleo en términos interanuales en los autónomos y pequeñas empresas de 1 a 3 trabajadores y hoy la EPA refleja la caída de 43.700 empleadores en el último año«, asegura ATA en un comunicado en el defiende subidas del SMI que atiendan a «parámetros técnicos». Y añade que «si como establece la propuesta del Gobierno el salario mínimo debe ser garante de un nivel de vida digno, consideramos también que todo autónomo individual o empleador cuyos ingresos netos no lleguen al 60% del salario medio neto debería quedar exento de pagar impuestos y cotizaciones en aras de alcanzar ese mismo nivel de vida digna que se pretende procurar a sus propios trabajadores«.

En cualquier caso, como ocurre con la semana de 37,5 horas, la modificación del Estatuto deberá pasar por el Parlamento y como en esta, las posibilidades de que prospere también son improbables, teniendo en cuenta las reticencias de Junts y el PNV. Pero, de momento, ambas medidas le servirán a la ministra para enarbolar la bandera de las mejoras laborales en la Fiesta del Trabajo que se celebra el jueves con marchas por las calles de toda España.

Previamente el Gobierno dará luz verde a la rebaja de jornada y remitirá el texto al Congreso. Como ya informó ABC, la vicepresidenta segunda ha exigido al ala socialista que cumpla los acuerdos de legislatura y que apruebe la modificación laboral estrella. Las costuras de la coalición han vuelto así a tensarse con una norma que lleva varios meses de retraso desde que el Consejo de Ministros aprobara el polémico anteproyecto de ley el pasado mes de febrero, paralizado por las disputas en el Ejecutivo y por el miedo en La Moncloa a que no pase el filtro del Parlamento.

Este 'impasse' ha tenido sus consecuencias. Como avanzó este diario, el retraso en su puesta en marcha y las incógnitas acerca de cómo quedará fijado por ley el nuevo horario están haciendo mella en la negociación de los convenios con una parálisis de la subida de sueldo de los trabajadores.