Quién es quién en el caso del hermano del presidente del Gobierno, procesado por prevaricación y tráfico de influencias
Estos son las once personas a las que la juez propone juzgar por la presunta colocación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz
La juez procesa al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias
El PP pide la dimisión de Sánchez tras el procesamiento de su hermano por prevaricación y tráfico de influencias
La juez que ha investigado la presunta contratación irregular de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, ha dictado este lunes un auto de procesamiento contra él por prevaricación y tráfico de influencias por haberse beneficiado supuestamente de una plaza creada 'ad hoc'. Además de él, han sido procesados Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y Luis Carrero, el exasesor de Moncloa que se refería a Sánchez como «hermanito». Estos son los principales implicados en el caso:
David Sánchez Pérez-Castejón
El hermano menor de Pedro Sánchez es un músico de 50 años conocido por el nombre artístico de David Azagra. Trabajó durante siete años como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz hasta su dimisión el pasado mes de febrero. Por este puesto de nueva creación cobraba un sueldo anual que ronda los 55.000 euros y su investigación se inició en 2024 por una denuncia de Manos Limpias basada en informaciones que aseguraban que el hermano del presidente del Gobierno cobraba un sueldo público sin ir a trabajar y que reside en Portugal, en una localidad fronteriza a la provincia de Badajoz, para evitar pagar impuestos en España.
La investigación sacó a la luz un controvertido concurso público en junio de 2017, cuando el actual presidente del Gobierno era jefe de la oposición en el Congreso, en el que se buscaba cubrir la plaza de coordinador de los conservatorios de la provincia. Hasta Podemos juzgó aquello: «Este cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial», criticó el entonces portavoz extremeño de la formación morada, Álvaro Jaén.
Miguel Ángel Gallardo
El presidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño es otro de los procesados por la juez. Como máximo responsable de la Diputación, fue quién firmó el contrato de David Sánchez como personal de Alta Dirección sin que pudiera justificar el cambio en la nomenclatura del puesto de «Coordinador de Actividades de los Conservatorios» a «Jefe de la Oficina de Artes Escénicas». Además, la jueza le requirió en varias ocasiones una serie de correos electrónicos que no fueron aportados. Desde que se inició la investigación judicial ha defendido al hermano de Sánchez, al que llegó a calificar de «gran profesional» y lamentó su dimisión por considerarle «víctima de escarnio».
Luis Carrero
El que fuera trabajador de Moncloa Luis Carrero, también contratado en la Diputación de Badajoz como Jefe de la sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas, no solo compartía despacho con David Sánchez sino que se conocían desde hacía 20 años y tenían una confianza que quedó evidente en unos correos en los que Carrero se dirigía al hermano del presidente del Gobierno como «hermanito». También procesado, la jueza ve sospechas en correos en los que David Sánchez le habla de su futura incorporación meses antes incluso de que se conocieran las bases y fechas de la candidatura, así como de que su estrecha relación personal esté detrás de la contratación.
Manuel Candalija Valle
Como Jefe de Servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas, formó parte de la Comisión Asesora para la elección del candidato al puesto de trabajo en cuestión y participó en el proceso de contratación en el que se valoraron 11 candidatos, de los cuáles seis tenían habilidades y aptitudes válidas para el puesto y entre ellos no estaba David Sánchez, quien finalmente consiguió la plaza. En su declaración, Candaliza aseguró desconocer el parentesco del candidato con el presidente del Gobierno.
También intervino directamente en la creación del puesto que posteriormente ocupó Luis Carrero y, pese a desconocer, según su declaración, que había trabajado en Moncloa, justifica su contratación por ser el único que se presentó. El nombre de Candalija aparece en los correos que se intercambian Carrero y Sánchez, en el que le habla de las bases y la fecha de creación del nuevo puesto «dando apariencia de legalidad de un procedimiento administrativo cuya finalidad real era la adjudicación directa del Puesto al Sr. Carrero», según el auto.
Ya como Director del Área de Cultura, Deportes y Juventud, Candalija elaboró un «Informe detallado sobre las funciones esenciales y actividades realizadas» por el hermano del presidente.
Ricardo Cabezas
Diputado Delegado del Área de Cultura, intervino de forma directa en la Creación del Puesto de la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas junto a Candalija. En su declaración, aseguró que fue el propio presidente del Gobierno quien le manifestó que su hermano David era músico en una conversación informal tras un mitin en Badajoz.
Además de estas cinco personas, la jueza ha procesado también a Elisa Moriano y Cristina Núñez, Directora y Diputada de Cultura en 2016 y 2017, por su participación directa en la creación del Puesto, en la petición de cobertura del mismo y en la Comisión Asesora para su adjudicación, proponiendo Cristina a David Sánchez para su nombramiento.
Juana Cinta ha sido procesada como Directora del Área de Recursos Humanos por colaborar activamente en darle apariencia de legalidad formal a lo que se llamó Cambio de Nomenclatura del Puesto.
Por su parte a Félix González Márquez se le procesa por intervenir en la Comisión Asesora para la adjudicación del puesto: hizo constar en el acta la presencia de la Diputada en las entrevistas y presuntamente tuvo conocimiento de que el puesto se iba a adjudicar a David Sánchez.
Por último, Emilia Parejo Gala y Francisco Martos Ortiz, que firmaron como Directora y Diputado de Cultura la propuesta de modificación del Puesto en 2022. Tuvieron conocimiento de las conversaciones previas donde se hizo referencia a las funciones distintas y a la necesidad de «creación» de un nuevo puesto.
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