El Ministerio de Igualdad presiona para que el hijo menor de Juana Rivas siga con su madre en España
Su titular, Ana Redondo, asegura que debe «prevalecer el interés superior del menor» y alerta del «riesgo» de que regrese a Italia con su padre, acusado de malos tratos
El juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada no ve violencia vicaria sobre el hijo de Juana Rivas, que por ahora permanecerá en España
El Gobierno central se ha pronunciado sobre el Caso Juana Rivas y lo ha hecho para meter presión, pese a anteponer que su «respeto» a la independencia de los jueces. El Ministerio de Igualdad sostiene que España «tiene la obligación legal de proteger y amparar» a Daniel Arcuri, hijo de Rivas y del italiano Francesco Arcuri, con quien vive de manera habitual, así como de actuar «con la diligencia debida para garantizar su interés superior».
El organismo ministerial se ha pronunciado sobre la «indeterminación» y las «discrepancias» sobre qué órgano judicial debe decidir sobre la situación de Daniel, que este sábado 11 de enero cumple once años. Y toma partido al hablar del «riesgo» de que «tenga que regresar a Italia con su padre».
«El interés superior consiste en escuchar al hijo de Juana, tener en cuenta su opinión, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador», ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, horas después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada haya emitido un auto en el que no se ve competente sobre el caso, aunque tampoco altera la medida cautelar que emitió el pasado 7 de enero el Juzgado de Instrucción número 4 y que impidió que Daniel Arcuri volara un día después a Italia, como estaba previsto.
La ministra de Igualdad ha especificado que los juzgados especializados de violencia sobre la mujer «pueden y deben» proteger al menor si se entiende que hay violencia de género y/o vicaria, mientras que los juzgados de familia o de instrucción deben hacer lo propio «si se entiende que hay violencia doméstica».
Ha recordado el reglamento del Consejo de la Unión Europea que abre la posibilidad de denegar el reconocimiento de una resolución de otro estado en materia de responsabilidad parental si la fuera «manifiestamente contraria al orden público» y a que la competencia judicial corresponda al país donde está el menor siempre y cuando exista un problema de este tipo. «El orden público en democracia es el orden público basado en la defensa y protección de los derechos, en este caso, del menor y de su madre», ha añadido la ministra.
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